Judicializado gobernador de San Andrés
Por presuntas irregularidades en un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria.
Everth Julio Hawkins Sjogreen. Foto: Facebook: Everth Julio Hawkins(Thot)
La Fiscalía General de la Nación logró la judicialización del gobernador de San Andrés, Everth Julio Hawkins Sjogreen, como presunto responsable de irregularidades detectadas en un contrato de diseño, diagramación e impresión de material publicitario suscrito durante la emergencia sanitaria.
En las audiencias cumplidas ante un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá, un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia señaló que el mandatario departamental abrió un proceso público para recibir cotizaciones de varias empresas; sin embargo, 48 horas después, el 18 de marzo del año en curso, decretó la calamidad pública por el COVID–19, declaró la urgencia manifiesta en el archipiélago y, al amparo de estas medidas, celebró de manera directa el contrato de servicios publicitarios con Noel Foto SAS.
El material probatorio da cuenta de que el gobernador desconoció la participación de otros oferentes y, con las medidas adoptadas, benefició a una empresa en particular, cuyo representante legal, Henry Ramírez García, habría trabajado en la campaña política para la elección de Hawkins Sjogreen.
De igual manera, se conoció que el mandatario departamental justificó la declaratoria de urgencia manifiesta ante el bajo nivel de cobertura de la red hospitalaria y con el propósito de adoptar medidas para evitar o mitigar la sobredemanda de los servicios de salud por el COVID – 19. Pero, el objeto del contrato investigado, correspondía a una estrategia publicitaria que buscaba contribuir a la imagen del gobernador y sus funcionarios, y no aportaba a atender los requerimientos sanitarios de la población.
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El citado contrato con Noel Fotos SAS ascendió a 500 millones de pesos. Esta suma salió de los recursos del departamento y, de acuerdo con las verificaciones hechas, superó en valor las ofertas presentadas por otras empresas, fue desembolsada a través de órdenes de pago sin una debida supervisión y otros mecanismos informales que incidieron en un detrimento patrimonial.
"Se ha permitido capturar a 69 personas y realizar 166 imputaciones en 26 departamentos, por delitos contra el patrimonio y la administración pública. Entre los procesados hay 4 gobernadores, 6 exgobernadores, 22 alcaldes y exalcaldes, un magistrado, 10 jueces y fiscales, entre otros. Resultados obtenidos entre el13 de febrero y el 16 de septiembre del presente año", dijo el fiscal.
“No se tolerará el saqueo sistemático de recursos públicos en ningún lugar del territorio nacional”, puntualizó el fiscal General de la Nación.
