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Judicial

Imputan cargos contra Johanna Bocanegra, alcaldesa de Fontibón

Bocanegra es investigada por presuntas irregularidades en la contratación con Fonade, por $9.594 millones.

A la mandataria se le cuestiona el haber contratado de manera directa una gerencia de proyectos, al parecer, sin contar con estudios previos que determinaran la necesidad y conveniencia. Foto: Getty Images

La Personería de Bogotá citó a audiencia pública y formuló cargos contra la alcaldesa de Fontibón, Johanna Paola Bocanegra Olaya.

Bocanegra es investigada por presuntas irregularidades en la contratación con Fonade, por $9.594 millones, para la intervención de la malla vial, espacio público, interventoría y el mobiliario de la sede de la Alcaldía de Bogotá.

El 29 de noviembre de 2016, la mandataria inició un proceso licitatorio para adjudicar el contrato de obra, pero incluyó en el pliego de condiciones definitivo un formulario de propuesta técnica y económica que no correspondía con el estudio de mercado ni con el anexo técnico del pliego de condiciones.

A pesar de que intentó subsanar las inconsistencias con una resolución del 12 de diciembre de 2016, los problemas persistieron, al punto que revocó la apertura de la licitación pública por $8.119 millones. Esta situación evidenció una posible falta de planeación.

Posteriormente eludió, al parecer, los procedimientos de selección objetiva al suscribir, el 28 de diciembre, un contrato interadministrativo con Fonade por $9.594, incluido el pago de una cuota de gerencia del 10% correspondiente a $954 millones. Esto impactó negativamente el presupuesto a invertir en la malla vial de la localidad.

A la mandataria se le cuestiona el haber contratado de manera directa una gerencia de proyectos, al parecer, sin contar con estudios previos que determinaran la necesidad y conveniencia.

La funcionaria, posiblemente, no ejerció de manera directa la competencia administrativa delegada por el Alcalde Mayor de Bogotá, al transferir a Fonade la atribución de realizar los procesos de contratación.

Con su actuación la alcaldesa, presuntamente, vulneró los principios de responsabilidad, economía y transparencia de la contratación estatal.

La alcaldesa fue citada a audiencia para el próximo 11 de enero de 2018, durante la cual deberán rendir versión libre y descargos dentro del proceso disciplinario verbal.