Imputan a exfuncionarios del Meta por irregularidades en contratos de Telemedicina
La Fiscalía les imputó cargos por la presunta apropiación de $518000.000.
El servicio de telemedicina para el departamento de Meta fue contratado hace 10 años, nunca funcionó y hoy tiene a varios exfuncionarios vinculados a una investigación. Foto:(Thot)
El servicio de telemedicina para el departamento de Meta fue contratado hace 10 años, nunca funcionó y hoy tiene a varios exfuncionarios vinculados a una investigación por presuntos hechos de corrupción.
En 2008, la Secretaría de Salud Departamental suscribió un contrato por $5.957’767.738 con la empresa Arolen, para que pusiera en marcha el proyecto tecnológico; sin embargo, la Fiscalía demostró que, presuntamente, no hubo estudios profundos de pre factibilidad ni se tuvo en cuenta la poca capacidad de los hospitales que prestarían la atención de telemedicina.
Posteriormente, de acuerdo al material probatorio, se realizó un nuevo proceso contractual por $872’000.000 para fortalecer el servicio que, en realidad, nunca entró en funcionamiento.
Los elementos recopilados evidenciaron que se habría pagado un anticipo y un valor adicional por la supuesta deducción en la liquidación del contrato, sin que fuera ejecutado. Los investigadores encontraron que se crearon varias facturas para acreditar el cumplimiento en las responsabilidades pactadas.
Por estos hechos, en los que supuestamente fueron apropiados irregularmente $518’000.000, la Fiscalía imputó a cuatro exfuncionarios y al contratista ante el Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio. Los procesados son:
- Carmen Sofía Motta Sepúlveda, exsecretaria de Salud Departamental (2008).
- Mónica Del Pilar Anzola Roa, exsecretaria de Salud Departamental (2011).
- Eduardo Guillermo Cadena, exsecretario de Salud Departamental (2015).
- William Fernando Romero Torres, exsecretario de Planeación Departamental.
- Carlos Eduardo Gamboa Plata, contratista de la empresa Arolen.
En las audiencias fueron formulados cargos por: peculado por apropiación en favor de terceros, contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad en documento privado.
Carley Fernando Urbano Buriticá, director comercial de la empresa Arolen, no asistió a la diligencia de imputación y se fijó nueva fecha para el 10 de abril de 2018, ante el Juzgado 3º Ambulante Penal de Garantías de Villavicencio.
