El general (r) de la Policía Luis Mendieta, la Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) y el abogado Giovanny Alzate (víctima de las AUC), interpusieron una tutela contra la manera en la que se definió repartir en 16 circunscripciones territoriales especiales las curules para las víctimas del conflicto en la Cámara de Representantes. De acuerdo con la acción judicial, que la participación de las víctimas se limite a que vivan en uno de esos 167 municipios priorizados deja por fuera a la gran mayoría del total, el cual supera los nueve millones de personas (la mayoría afectados por desplazamiento forzado). "El contenido de las reglas y disposiciones de este conculcan el núcleo esencial del derecho fundamental a la participación política, a sufragar, a elegir y ser elegido, y afecta gravemente la posibilidad de una representación real, efectiva y suficiente", se lee en el documento. Además, alertaron que debido a que muchos de los municipios priorizados se encuentran en zonas con control del narcotráfico y existe falta de vigilancia de las autoridades sobre la financiación de campañas, podrían filtrarse candidatos que pueden estar en riesgo de ser presionados o favorecidos por grupos armados ilegales. "Las curules podrían caer fácilmente en manos de bandas criminales, guerrillas activas, bandas de narcotraficantes o grupos políticos experimentados en la financiación ilegal de campañas y la corrupción electoral" indica la tutela. Por cuenta de lo anterior, solicitaron que se elimine la circunscripción especial por territorios y se establezca una jurisdicción nacional, donde todas las víctimas del conflicto puedan votar y no haya limitaciones en las postulaciones. La tutela fue admitida por un juzgado en Medellín.