Fiscalía imputó al mayor general (r) Jorge Arturo Salgado
Este proceso investigativo es el resultado de un reporte recibido por el Ejército Nacional, que detectó algunas de las anomalías en un plan estratégico anticorrupción.
La Fiscalía General de la Nación, a través de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, imputó al mayor general (r) del Ejército Nacional Jorge Arturo Salgado Restrepo, por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.
Los elementos de prueba conocidos en la investigación dan cuenta de que el exoficial, mientras se desempeñó como comandante de la Séptima División del Ejército Nacional entre 2016 y 2017, direccionó los contratos de cafetería y obra del Batallón de Servicios N°4 “Yariguíes” para que quedaran en manos de dos contratistas específicos.
Está documentado que los pliegos de las licitaciones públicas habrían sido entregados previamente a las empresas beneficiadas para que ajustaran sus propuestas. En ese sentido, fueron adjudicados nueve contratos de mantenimiento, adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones, por un valor cercano a 1.500 millones de pesos, a Ingecodi S.A.S.; y seis contratos de cafetería y cáterin, que ascendieron a 331 millones de pesos, a Distrilogística P G S.A.S.
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Incluso, hay material que demostraría que, a cambio de la entrega de los contratos, Distrilogística P G S.A.S., le pagó cuentas personales al oficial por concepto de tiquetes aéreos para la familia, comidas en restaurantes, asados, puestos en palco para los conciertos de la Feria de las Flores, facturas de celular y de televisión satelital, suscripciones de prensa, entre otros, cuyo valor ascendió a $151’397.660.
Por estos hechos el fiscal delegado solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia para el mayor general en retiro. Este proceso investigativo es el resultado de un reporte recibido por el Ejército Nacional, que detectó algunas de las anomalías en un plan estratégico anticorrupción.