Fiscalía imputó a exalcaldesa de la localidad de Bosa
La funcionaria es actualmente alcaldesa de la localidad de Los Mártires.
Por estos hechos el detrimento patrimonial ascendería a 304 millones de pesos.. Foto: Colprensa(Thot)
La Fiscalía General de la Nación presentó ante un juez de control de garantías a la exalcadesa de la localidad de Bosa y actual mandataria local de Los Mártires, en Bogotá, Tatiana Piñeros Laverde, por presuntas irregularidades de contratación al amparo de la emergencia social y sanitaria decretada para atender las necesidades de la ciudadanía durante la pandemia.
Un fiscal de la Seccional Bogotá, con apoyo del Grupo de Tareas Especiales para el COVID-19, imputó a la funcionaria los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación a favor de terceros. Los cargos no fueron aceptados.
Como alcaldesa encargada de Bosa, entre febrero y abril del presente año, Tatiana Piñeros Laverde decretó la urgencia manifiesta para hacer frente a la pandemia durante el periodo de aislamiento preventivo obligatorio. Es así que suscribió el contrato 022 de 2020, por un valor de 4 mil millones de pesos, para adquirir mercados y elementos de aseo para familias vulnerables de ese sector del suroccidente de la ciudad.
Los elementos de prueba obtenidos por la Fiscalía dan cuenta de la ausencia de planeación y estudios previos de mercado, requisitos exigidos por la ley; además un supuesto direccionamiento del contrato y presuntos sobrecostos, entre otras inconsistencias. Por estos hechos el detrimento patrimonial ascendería a 304 millones de pesos.
Tatiana Piñeros Laverde fungió en calidad de encargada como alcaldesa local de Bosa entre el 27 de febrero y el 16 de abril de 2020, periodo en el cual se intensificaron en el país los efectos de la pandemia por la propagación del COVID-19.
Luego del anuncio de la Fiscalía, la Alcaldía de Mártires emitió un comunicado en el que asegura que cuando el Gobierno Nacional expidió el Decreto Legislativo 417 de 2020, por medio del cual declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por COVID-19, la localidad de Bosa "fue la primera en declarar la urgencia manifiesta, debido a las condiciones vulnerables de este sector de la ciudad de Bogotá".
Según la Alcaldía, la Contraloría de Bogotá emitió un pronunciamiento en abril indicando que dicha declaratoria de la localidad de Bosa, “cumple con todos los requisitos formales y materiales establecidos en el estatuto contractual Ley 80 de 1993 y sus decretos reglamentarios” y que tampoco encontró irregularidades de orden penal, fiscal o disciplinarios.
Concluyen diciendo que la Fiscalía imputó cargos con base en un marco regulatorio que no es aplicable a los contratos celebrados a través de declaratorias de urgencia manifiesta y que se pretende poner en entredicho la idoneidad de la Cruz Roja como contratista de la localidad de Bosa, "desconociendo la reconocida experiencia con la prestación de servicios de ayuda humanitaria que esta organización internacional ostenta".
