Judicial

Fiscalía advierte prescripción de delitos en el caso de chuzadas del DAS

La Fiscalía solicitó al Consejo Superior de la Judicatura se declare la complejidad excepcional, para que el juez del caso solo se dedique a este proceso.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron que el proceso contra los dos abogados ya prescribió y que el caso contra los exfuncionarios correrá la misma suerte. Foto: Getty Images / NARUECHA JENTHAISONG

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron que el proceso contra los dos abogados ya prescribió y que el caso contra los exfuncionarios correrá la misma suerte. Foto: Getty Images / NARUECHA JENTHAISONG(Thot)

Se trata del proceso judicial que se adelanta contra los abogados Sergio Augusto González Mejía y Diego Álvarez Betancourt, y los altos exfuncionarios de la Casa de Nariño Cesar Mauricio Velásquez y Edmundo del Castillo, acusados de las chuzadas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) contra periodistas y magistrados de la Corte Suprema de justicia.

Fuentes de la Fiscalía General de la Nación informaron que el proceso contra los dos abogados ya prescribió y que el caso contra los exfuncionarios correrá la misma suerte.

El caso estuvo tan lleno de maniobras dilatorias que hasta se llegó a compulsar copias para que se investigara penal y disciplinariamente a Rafael Hernando Navarro, director regional de la Defensoría del Pueblo, por los constantes aplazamientos por parte de abogados de la entidad.

La Fiscalía solicitó al Consejo Superior de la Judicatura se declare la complejidad excepcional, para que el juez del caso solo se dedique a este proceso.

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¿Quiénes son los abogados que quedaron libres de culpa?

González Mejía era el defensor de José Orlando Moncada Zapata, alias ‘Tasmania’, paramilitar que acusó falsamente al entonces magistrado de la Corte Iván Velásquez de ofrecer prebendas a cambio de que hablara en contra del expresidente Álvaro Uribe.

Álvarez Betancourt, abogado del ex paramilitar Sergio Antonio López, alias ‘Job’, es señalado de acordar con funcionarios del DAS la “grabación clandestina” de reuniones con magistrados auxiliares de la Corte, presos en La Picota y diligencias reservadas de la Corte Suprema.

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