El Estado debe construir una cárcel para delincuentes de cuello blanco: Mario Iguarán
El exfiscal Mario Iguarán dijo en Sigue La W que cuando los condenados se vuelven colaboradores de la justicia deben tener un lugar más seguro.
Mario Iguarán, exfiscal General de la Nación, comentó en Sigue La W que “en principio se dice que es un privilegio, pero es legal” que estos centros de reclusión “especiales” sean destinados para delincuentes de “cuello blanco”. “Las leyes permiten que a determinadas personas se lleven a unos centros carcelarios ‘especiales’, ya sea por delito culposo, trastorno mental, porque es una mujer” y más razones.
“La ley permite que, una vez un juez de garantía señala que una persona debe estar en un centro de reclusión, se envié a los centros especiales de detención” bajo ciertas circunstancias, como “intento de fuga, razones de orden público, seguridad nacional y penitenciaria. Otra razón señalada en la norma es por seguridad del detenido”, afirmó Iguarán.
Sobre los personajes mencionados en Sigue La W, Iguarán comentó que “es responsabilidad de los jueces” decidir o no si cambiar a los detenidos del lugar de reclusión, “debido a que la solicitud puede hacerla la familia o la defensa, pero la decisión es del juez”. En esa solicitud se “debe sustentar los motivos por los cuales se quiere efectuar esta relocalización”.
“En el caso de Moreno, ‘Ñoño Elías’ y Monsalve, como se vuelven colaboradores de la justicia, deben tener un lugar más seguro. Es necesario que el Estado construya una cárcel para este tipo de personas”, resaltó.
Sigue La W generó un informe sobre las personas que están detenidas en Cantón Norte, como María del Pilar Hurtado, exdirectora del DAS, condenada por la Corte Suprema a 14 años por las “chuzadas”; Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años por el escándalo de Agro Ingreso Seguro y el General (r) Jorge Horacio Romero, quien enfrenta un proceso penal por corrupción cuando fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército; sin embargo, fue dejado en libertad en enero de este año.
Además, en el Batallón de Artillería se encuentra Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción implicado en el ‘Cartel de la Toga’ y uno de los principales testigos en este caso de corrupción judicial.
Por su parte, en el Batallón de Policía #13 está Musa Besaile, quien es testigo e investigado por la justicia dentro del caso del ‘cartel de la toga’, por financiación irregular de campañas, entre otros.
En cuanto a Roberto Prieto, gerente de la campaña del expresidente Juan Manuel Santos, condenado a cinco años de prisión por recibir dineros dentro del caso Odebrech y a Miguel Maza Márquez, exdirector del DAS condenado a 30 años por el magnicidio del dirigente de Luis Carlos Galán, están en el Centro de Estudios Superiores de la Policía Nacional (CESPO), así como el General (r) Mauricio Santoyo, exjefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe, condenado por nexos con el narcotráfico e investigado por lavado de activos.
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Estuvieron detenidos en su momento, en ese mismo lugar, el General (r) Flavio Buitrago, por nexos con alias “el papero”; Carlos Albornoz, quien el pasado 29 de enero fue hallado culpable por irregularidades en la venta del Centro Comercial Villa Country en Barranquilla; Piedad Zucardi, quien fue investigada por presuntos nexos con grupos paramilitares; Andrés Camacho Casado, quien pagó condena por el ‘Carrusel de la Contratación’ y Joselito Guerra, procesado por ‘parapolítica’
Por último, en la Estación de Carabineros de Chapinero se encuentra Samuel Moreno Rojas, quien tiene tres condenas de 24, 30 y 39 años por corrupción dentro del denominado ‘Carrusel de la Contratación’ en Bogotá. Hilda Niño, la exfiscal condenada por recibir dinero del narcotráfico y que recientemente quedó libre, también estuvo en esa Estación.
¿Hay categorías o clases en la población carcelaria de Colombia? La pregunta surge porque hay condenados o investigados penalmente que se conocen como de “cuello blanco”, que en su mayoría son exfuncionarios implicados en escándalos de corrupción, y que se encuentran detenidos en guarniciones militares o de policía con beneficios que los diferencian del resto de personas detenidas en el país. Viven en casas fiscales, con acceso a los casinos, habitaciones con baño privado, alimentación especial y visitas entre semana.