Detención domiciliaria contra soldado que habría disparado contra Juliana Giraldo
La investigación fue priorizada y realizada con un enfoque de género y una perspectiva diferencial.
El soldado del Ejército Nacional Cristian Saavedra Arias es señalaro como presunto responsable de la muerte de Juliana Giraldo Díaz. Foto: Proporcionada por Laura Palomino(Thot)
La Fiscalía General de la Nación presentó ante una juez de control de garantías al soldado del Ejército Nacional Cristian Saavedra Arias, presunto responsable de la muerte de Juliana Giraldo Díaz, en hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2020, en la vereda Guatemala de Miranda (Cauca).
La investigación priorizada y realizada con un enfoque de género y una perspectiva diferencial, en el entendido de que la víctima era mujer transgénero e integrante de la comunidad LGBTI, permitió establecer que el militar actuó a motu proprio, sin una orden expresa de sus superiores y en desconocimiento de los direccionamientos establecidos por la institución.
Le puede interesar:
- El desgarrador relato del esposo de Juliana Giraldo, mujer asesinada por un militar
- Quiero que se haga justicia, que digan la verdad: Gloria Díaz, madre de Juliana Giraldo
El día del homicidio, el soldado Saavedra Arias hacía parte de un puesto de control en la vía que comunica a Miranda y Corinto (Cauca). Al parecer, disparó en dos oportunidades su fusil de dotación contra un vehículo que, supuestamente, desentendió la señal de alto hecha por los militares. En el automotor iba Juliana Giraldo, quien recibió un impacto en la cabeza.
En ese sentido, una fiscal especializada de la Seccional Cauca imputó a Saavedra Arias el delito de homicidio agravado en persona protegida y solicitó la imposición de medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario.
- Lea también: Así fue la emotiva despedida a Juliana Giraldo, asesinada por un soldado en Miranda, Cauca
El procesado no aceptó el cargo formulado y, por disposición de la juez de control de garantías, deberá cumplir medida de aseguramiento de detención en el lugar de residencia. La decisión fue apelada por la Fiscalía y los representantes de las víctimas.
