Demanda contra el Estado obliga a pagar $9.346 millones por túnel de la Línea
La W conoció el fallo de un Tribunal de Arbitramento, que en 2019, condenó al Estado colombiano y lo obligó a pagarle 9.346 millones de pesos al consorcio Conlínea
La razón por la que el consorcio integrado por Constructora Conconcreto, CSS Constructores y Estyma Estudios y Manejos, demandó al Invías tiene que ver son sobrecostos en temas administrativos, específicamente por aumento en el plazo de ejecución del contrato, en el ingreso de concreto lanzado desde los portales y por sacar material, procedimiento que se conoce como repaleo.
Estos sobrecostos se vieron cuando esa forma contratista construyó el túnel piloto, ubicado a 40 metros del túnel principal, que a su vez era construido en ese momento por Carlos Collins.
El tribunal de arbitraje declaró en este laudo conocido por la W, que la Entidad Estatal contratante, es decir, el Instituto Nacional de Vías, incumplió el contrato de obra no 1883 de 2014 y por eso lo condena a pagarle una millonaria suma al contratista.
Aunque las pretensiones inicialmente del contratista Conlínea ascendían a 15.900 millones de pesos, el Tribunal en su fallo obliga al Invías a pagar solo 9.346 millones de pesos.
Conconcreto y CSS Constructores son las mismas empresas que hoy terminan la construcción del túnel principal, después de quitarle el contrato a Collins y que se espera sea entregado en mayo de este año. El consorcio conformado por esas empresas fue el único que se presentó en la licitación.
Este no es el primer arbitraje que pierde el Estado por el Túnel de la Línea, según estableció la W, el contratista Carlos Collins también ganó tres demandas por sobrecostos en revestimiento del túnel principal, por riesgo geológico y por ola invernal. Esos tres fallos hicieron que el Invías pagara más de 50 mil millones de pesos.
Invías demanda al Estado
El Invías desistió del último tribunal de arbitraje en el que se buscaba liquidar el contrato con Carlos Collins y por eso el mismo fue cerrado en noviembre del año pasado, después de eso la Entidad puso una nueva demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca contra ese contratista, por incumplimiento de contrato y con unas pretensiones que ascienden al billón de pesos.