Corte Suprema llama a indagatoria al representante a la Cámara Edwin Ballesteros

Redacción Mauricio Beltrán

La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal al representante a la cámara Edwin Ballesteros, vinculándolo mediante indagatoria. Adicionalmente ordena otras actuaciones para determinar si hubo o no irregularidades en contratación cuando se desempeñó como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander.

“La información suministrada por los testigos Pardo Pulido y Diaz Herrera adquiere seriedad y consistencia probatoria, en la medida en que resultó respaldada por otros medios de convicción de carácter documental, testimonial y técnico, de los que emergería el compromiso penal del actual representante a la cámara Edwin Gilberto Ballesteros”, señala la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. 

Ballesteros tendrá que responder como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación y cohecho propio, dentro de las investigaciones que se adelantan en su contra, derivadas de las investigaciones que se adelantan contra el senador Richard Aguilar, cuando fue gobernador de Santander.  

La Sala de Instrucción también ordena que se comisione al CTI de la Fiscalía para que se haga un análisis de los contratos presuntamente irregulares, y para tal fin se tuvieron en cuenta los testimonios de Claudia Toledo, asesora técnica de la secretaría de infraestructura de Santander y secretaria de Infraesteuctura departamental, quien indicó cómo se diseñaban los pliegos de condiciones para que se lo ganaran determinados contratistas y que Edwin Ballesteros era hombre de confianza de Richard Aguilar. 

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Otro de los testigos es Lenin Dario Pulido, esposo de Claudia Toledo y quien ha hablado de las presuntas irregularidades en los contratos del acueducto de Landazuri, así como las viviendas y ese habrían presentado en el contrato de para la ampliación y remodelación del estadio Alfonso López de la ciudad de Bucaramanga. También se ha tenido en cuenta en todo este proceso al testigo Andrés Mauricio Diaz Herrera, interventor en contratación.

La investigación contra Ballesteros tuvo origen en la compulsa de copias contra el senador y exgobernador de Santander, Richard Aguilar, por presuntas irregularidades en contratación, específicamente los hechos en los que Ballesteros habría actuado irregularmente cuando se desempeñó como gerente de la empresa de servicios públicos de Santander. 

Dentro de los contratos que se presentaron esta una consultoría entre la Empresa de Servicios Públicos de Santander y la firma Ingream SAS por más de 1.188 millones de pesos en 2014 para las obras de rehabilitación y mantenimiento del acueducto del municipio de Sucre. Así como supuestas irregularidades en el contrato firmado con la empresa Unión Temporal Enciso Potable por valor de 471 millones de pesos. En ambos casos el representante legal de las empresas contratistas es Octavio Reyes Sarmiento y según los testigos se habría pedido el 15 por ciento de coima o soborno sobre el valor total del contrato. 

También se investiga si Ballesteros tuvo que ver en actuaciones aparentemente irregulares en el contrato celebrado en diciembre de 2015 con la Unión Temporal Acueducto de Landazuri. En dicha contratación los investigadores encontraron en una inspección realizada en marzo de este año que la obra fue suspendida y abandonada, después de recibir un anticipo de 1.738 millones de pesos. 

También se habla de un supuesto acuerdo entre Ballesteros con el exgobernador Richard Aguilar en el que se habría comprometido a entregar los contratos de obras de los acueductos de Chipatá y Baricharab a Octavio Reyes Sarmiento y que se habría recibido la suma de 600 millones de pesos.

“Para lograr la adjudicación de los contratos antes relacionados, se habría pactado el pago de comisiones o coimas por parte de los contratistas a Edwin Gilberto Ballesteros Archila y otros servidores públicos”, señala la Corte. 

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