Corte admite presiones sobre caso del expresidente Uribe
El magistrado Alejandro Linares habló en La W sobre la decisión de la Corte de negar la tutela presentada del expresidente Uribe.
Corte admite presiones sobre caso del expresidente Uribe
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magistrado Alejandro Linares. Foto: Colprensa - Álvaro Tavera
La Corte Constitucional, en una apretada votación 5-4, negó la tutela con la cual el expresidente y exsenador Álvaro Uribe Vélez buscaba tumbar la decisión que lo declaró formalmente imputado de los delitos de fraude procesal y soborno.
Con códigos en la mano, papel, lápiz y de forma presencial tuvo que sesionar el miércoles la Sala Plena de la Corte Constitucional por cuenta de las presiones derivadas de redes sociales y las filtraciones sobre el desarrollo de la misma, así lo reconoció en diálogo con La W el ponente de la decisión, el Magistrado Alejandro Linares.
Sobre la decisión, el magistrado Linares explicó que “había muchos elementos de juicio que la Corte debía ponderar y la Corte brindó una nueva oportunidad procesal al señor expresidente”, agregó que si cualquiera de las partes procesales identificare ámbitos de indefensión de garantías fundamentales sustantivas, podrá solicitar una audiencia innominada ante el juez de control de garantías para efectos de adecuar la actuación procesal en los términos del artículo 10 de la Ley 906 de 2004.
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Esa decisión la había tomado el 6 de noviembre de 2020 el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Bogotá, luego de una amplia controversia sobre cómo debía seguir el caso una vez Uribe renunció al Congreso y el expediente pasó de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema a la Fiscalía y, con ello, cambió de sistema procesal.
Ahora al perder el expresidente esta batalla jurídica, las cosas siguen tal cual están: el caso por supuesta manipulación de testigos seguirá su curso en un despacho de Bogotá, que debe decidir si avala la solicitud de prescripción de la Fiscalía, a la cual las víctimas se oponen. La decisión que se tome, en todo caso, podría ser apelada y revisada por el Tribunal Superior de Bogotá.