CIDH admite caso por asesinato de colega del profesor Héctor Abad Gómez
El presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) Luis Felipe Vélez y también docente, fue ultimado el mismo día en que asesinaron a Héctor Abad.
Luis Felipe Vélez fue ultimado el mismo día en que paramilitares (según 'Don Berna'), por orden de Carlos Castaño, mataron al médico y profesor Héctor Abad Gómez. Foto: Getty Images / MONGKOL NITIROJSAKUL(Thot)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el estado colombiano por su presunta responsabilidad en el asesinato del docente y presidente de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida) Luis Felipe Vélez, quien fue ultimado el mismo día en que paramilitares (según 'Don Berna'), por orden de Carlos Castaño, también mataron al médico y profesor Héctor Abad Gómez.
Vélez fue asesinado el 25 de agosto de 1987 y en la tarde de ese día Abad Gómez se acercó a la velación del cuerpo, donde fue atacado con disparos y también ultimado en plena vía pública.
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De acuerdo con la petición, 34 años después del crimen no existe ni siquiera una sentencia en contra de los responsables que acabaron con la vida del profesor Vélez, y en relación con los agentes estatales que habrían facilitado el crimen tampoco hay algún avance. Según el expediente, la única persona que llegó a ser procesada fue Manuel Ospina "Móvil 5" exintegrante de las AUC, quien falleció en 2018.
Además, indicaron que el profesor Vélez fue víctima por varios años de estigmatización (incluso de agentes estatales) y amenazas por cuenta de su trabajo profesoral, así como sindical al ser señalado de "guerrillero". Asimismo, tras el homicidio, su esposa sufrió amenazas, seguimientos y hostigamientos, lo cual la llevó a dejar su labor sindical y como maestra.
Lo anterior fue fundamental para que el órgano internacional decidiera abrir el caso contra Colombia por esos hechos.
"...las labores investigativas de la Fiscalía General de la Nación han sido irregulares y discontinuas, permaneciendo incluso suspendido el proceso durante varios años desde 1996 hasta su reactivación en 2008 que, pese a la reactivación de la investigación en 2008, para 2012 aún no se contaba con una identificación precisa de los presuntos responsables" indica la decisión.
A pesar de que han pasado más de 30 años después del crimen, el Estado colombiano en su petición alegó que no se había configurado un "retardo injustificado" en las investigaciones por esos hechos, señalando que la Fiscalía ha sido "diligente".
Además, indicaron que los peticionarios no aportaron información que pudiese contener hechos concretos en los que se pueda hablar de responsabilidad estatal en el crimen, argumentos que fueron desatendidos.
