CIDH abre caso contra Colombia por no proteger a comerciante asesinado por Farc
La víctima acudió varias veces ante las autoridades solicitando protección por las extorsiones en su contra, pero se la negaron.
CIDH abre caso contra Colombia por no proteger a comerciante asesinado por Farc / imagen de referencia. Foto: Getty Images(Thot)
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) abrió un caso contra el Estado colombiano por su presunta responsabilidad por no haber adelantado las acciones que evitaran el asesinato de José Edilberto Hurtado, un comerciante de la ciudad de Cali que venía siendo objeto de extorsiones y amenazas por parte de guerrilleros de las Farc que finalmente lo asesinaron en 2003.
De acuerdo con el informe, desde la década de los noventa fue víctima de esos cobros ilegales (los cuales se negó a pagar) en su negocio en la galería Santa Helena de la capital vallecaucana. Incluso, trató de que todos los comerciantes se opusieran a los desembolsos y aunque buscó apoyo de la Policía, no les ayudaron.
Pero las intimidaciones no quedaron ahí, la guerrilla le quemó un asadero en la vía a Jamundí y además lo citaron con un panfleto a una reunión para que explicara por qué no pagaba las "vacunas". Todo, según los peticionarios puesto en conocimiento de la Policía, quienes le respondieron que no podían protegerlo y le tocó contratar un escolta particular.
Las persecuciones continuaron por medio de intentos de secuestro y hasta el exilio de su familia a Panamá. Finalmente, Hurtado fue asesinado y según el informe de solicitud, a la fecha aún no se ha establecido la identidad de los asesinos y tampoco se ha reparado a la familia, argumentos tenidos en cuenta por la CIDH para aceptar el caso.
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"A pesar de que han transcurrido 17 años desde que tuvieron lugar los presuntos hechos, hasta la fecha no habría indicios de avances en el proceso investigativo, no se habría esclarecido las circunstancias en que ocurrieron los hechos, ni determinado los posibles responsables", indica el informe de la Comisión.
El Estado por su parte de oponía a la admisión del caso alegando que los familiares de la víctima buscaban convertir a la CIDH en una "cuarta instancia internacional".
