Cayó La Patrona del cártel de la evasión al IVA

Agentes de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos de la Fiscalía General de la Nación, y personal de la Policía Nacional -a través de la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)-, desmantelaron una red criminal que al parecer venía defraudando al Estado de manera sistemática, mediante la falsificación de facturas y la creación de empresas  fachada dedicadas a la reclamación ilícita de impuestos del IVA, impuestos de riqueza  e impuestos de renta y complementarios, en una cifra que no tiene antecedentes en el país en el marco de esta modalidad: más de 2,3 billones de pesos.

Entre las detenidas estaba Olga Lucía Díaz Guzmán, más conocida como la Patrona, la cabecilla de la red que expidió facturas falsas a  EPS, alcaldías, reconocidos abogados, cajas de compensación, grandes almacenes de cadena, empresas de telecomunicaciones y hasta a entidades bancarias.

Todas estas empresas tendrán que responder por evasión fiscal. 

El fin de las facturas falsas era registrar bienes o servicios que nunca fueron transferidos. De esta manera, según la información recopilada por los investigadores, eran capaces de disminuir la base gravable en las obligaciones tributarias de los contribuyentes beneficiados en esta actividad ilícita.

La Patrona habría creado 9 empresas que eran utilizadas para las operaciones ilegales, cuyo domicilio comercial era una bodega en la ciudad de Bogotá y que servía como centro de coordinación y registro para la emisión las facturas fraudulentas.

Díaz Guzmán creía en la santería y tenía miedo a ser capturada, y sus temores fueron advertidos en una de las interceptaciones de la fiscalía en la que la mujer habla con su pitonisa, quién le advierte que va a ser detenida. 

Durante la investigación se pudo evidenciar que una de las empresas creadas expidió  facturas falsas por más de 40.000 millones de pesos al año. Adicionalmente, se tiene material probatorio que compromete a por lo menos 2.000 empresas legalmente constituidas que sostuvieron operaciones comerciales ficticias con esta organización, para apoderarse de los dineros pagados por los contribuyentes.

Un juez legalizó la captura de los detenidos quienes fueron señalados por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito, conductas que contemplan penas entre 8 y 18 años de prisión.

Los otros imputados son Carlota Elisa Quevedo Guzmán, Abel Medina Salcedo, Tránsito Gómez Chacón, Jhon Carlos Barbosa Cruz, Katerine Angélica Contreras Quevedo, Jhon Jairo Salazar Marín y Cristian Eduardo Zafra Reyes.

Este caso fue calificado como el 'Panama Papers' colombiano" por el general Juan Carlos Buitrago.