Caen presuntos responsables de trata de personas y tráfico de migrantes

También son señalados de la supuesta elaboración de documentos falsos para ciudadanos extranjeros, algunos con antecedentes delictivos en sus países. Entre los investigados está un funcionario de Migración.

La Fiscalía General de la Nación, en cooperación con Migración Colombia y la Policía Nacional, logró la Judicialización de siete presuntos integrantes del Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los PEP, por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de trata de personas y tráfico de migrantes, en calidad de autores.

Los elementos materiales de prueba recabados por la Seccional Cundinamarca indican que al parecer los procesados se encargaban de elaborar documentación falsa a favor de ciudadanos extranjeros con problemas legales y con antecedentes judiciales.

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En los operativos de allanamiento y registro fueron hallados más de 450 pasaportes y cédulas de ciudanía falsificados para ciudadanos italianos, alemanes, franceses, argentinos, panameños, ecuatorianos, peruanos, dominicanos y guatemaltecos, con los cuales se pretendía facilitarles el tránsito a otros países.

De otro lado, se presume que los detenidos se dedicaban a la trata de personas con fines de explotación sexual, toda vez que habrían participado en el ingreso irregular de mujeres procedentes del Estado de Zulia (Venezuela), a quienes aparentemente reclutaban como meseras en restaurantes, billares, bares y cafeterías, con supuestos salarios atractivos, en los municipios de Villanueva (La Guajira) y en Cúcuta (Norte de Santander).

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Según la investigación, cuando las víctimas llegaban a Colombia, les ofrecían posada, alimentos y vestuario, pero luego, al parecer las obligaban a ejercer la prostitución para pagar la supuesta deuda adquirida por todos los conceptos, de lo contrario las amenazaban con llevarlas ante las autoridades para su deportación o con publicar sus fotos desnudas en redes sociales, asegurando que eran trabajadoras sexuales con enfermedades.

“Siempre las mantienen endeudadas y explotadas sexualmente, les cobran entre 35.000 y 150.000 pesos diarios, representados en administración, arrendamientos, uso de baños y alimentación”, sostuvo el fiscal durante las audiencias.

El ente acusador evidenció que esta organización inició su actuar delictivo desde mediados de septiembre de 2019 y, aparentemente con el apoyo de servidores públicos, tramitaba de forma ilegal el Permiso Especial de Permanencia (PEP) para extranjeros que ingresaban al país por trochas o caminos veredales por la frontera colombo-venezolana.