Avalancha de procesos tras conocerse contratos confidenciales con farmacéuticas
La W conoció en primicia que el CTI de la Fiscalía realizó una inspección judicial en el Consejo de Estado y obtuvo información de su plataforma Samai.
Una avalancha de litigios penales, disciplinarios, administrativos, comerciales y hasta un probable pleito internacional provocó el error “involuntario” del Consejo de Estado que publicó en su plataforma los acuerdos confidenciales con las farmacéuticas Pfizer y AstraZeneca.
Este hecho se produjo a pesar de las cláusulas de dichos contratos que advertían con suspender el envío de las vacunas contra el COVID-19 si no se cumplía el acuerdo.
Ante este caso, La W conoció en primicia que, en últimas, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación realizó una inspección judicial en el Consejo de Estado y obtuvo información de su plataforma Samai. Esto, con el propósito de establecer los nombres de los funcionarios que la manipulan.
Este medio también conoció algunos detalles sobre los cargos de los funcionarios que están en la mira de la Fiscalía y de la Comisión de Disciplina Judicial:
- Funcionarios de los despachos de los consejeros Sandra Ibarra y Gabriel Valbuena, quienes asumieron las tutelas.
- Funcionarios administrativos Secretaría del Consejo de Estado.
- Funcionarios de la Dirección ejecutiva de la Rama Judicial, pues al parecer la plataforma Samai no contaba con mecanismos de reserva de información.
- Funcionarios del Tribunal Administrativo de Cundinamarca quienes manipularon dichos contratos y enviaron dicha información al Consejo de Estado.
- Funcionarios por establecer de la Fiduprevisora, Fondo Nacional de Gestión de Riesgos y Presidencia de la República, quienes enviaron los contratos.
- Funcionarios que intervinieron en la negociación y suscribieron el pacto de confidencialidad con las farmacéuticas.
Por otra parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE), Víctor Muñoz, anunció en diálogo con La W que ha tenido conversaciones con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) sobre la preocupación de algunos empresarios porque se pierdan las dosis compradas para sus empleados.
Al respecto, informó que ese problema surgió por la velocidad que tomó el Plan Nacional de Vacunación y la rápida apertura de nuevas etapas.