A la cárcel un investigador del CTI y un abogado que pedían dinero a cambio de traslados

Por solicitud de la Fiscalía, el Juzgado 26 Penal Municipal, con función de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en establecimiento carcelario en contra de Fredy Fernando Romero Torres, funcionarios del CTI, y del abogado Michael Alexánder Tolosa Vargas, como presuntos responsables de los delitos de concusión en concurso homogéneo y sucesivo, y asociación para cometer delitos contra la administración pública.

De acuerdo con la investigación, el servidor público, quien fungía como custodio en las celdas del CTI de la Dirección Seccional Bogotá —en el Complejo Judicial de Paloquemao—, al parecer en asocio con el abogado Tolosa Vargas, incurrió en conductas irregulares aprovechándose de su labor, puesto que tenía acceso a la información de los capturados que permanecían en ese lugar.

Se presume que solicitaban dádivas de entre 2 y 3 millones de pesos a los procesados, recluidos en las celdas, para supuestamente favorecerlos en los traslados a los centros de reclusión.

Un fiscal de la Unidad de Administración Pública, de la Dirección Seccional Bogotá, con apoyo de la Policía Judicial Sijín logró la captura de estas dos personas el 15 de octubre reciente.

A la fecha, el ente acusador ha logrado asociar 8 eventos en los que habrían participado los investigados.

En audiencias concentradas ninguno aceptó los cargos y su defensa apeló la decisión de la medida.

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CASO EN HUILA

A los miembros activos de la Policía Nacional Juan David Palacios León y Johan Javier Rayo Córdoba, la Fiscalía —a través de un despacho adscrito a la Unidad de Administración Pública de la Seccional Huila— les imputó el delito de concusión, por hechos ocurridos en el año 2016, cuando al parecer le pidieron dinero a un detenido a cambio de recobrar su libertad. Ninguno aceptó su responsabilidad.

El Juzgado 2° Penal Municipal, con funciones de control de garantías de ese municipio, les impuso medidas no privativas de la libertad tales como prohibición de salir del país, presentarse periódicamente ante la autoridad competente que lo requiera y mostrar buena conducta personal y social, absteniéndose de realizar los mismos comportamientos ilícitos.

Palacios León y Rayo Córdoba fueron capturados por miembros del Cuerpo Técnico de Investigación en Bogotá, donde actualmente laboraban.

Los hechos ocurrieron el 7 de septiembre del año en mención, cuando los patrulleros que para esa época trabajaban en la subestación de Policía del Centro Poblado de San Adolfo de Acevedo (Huila) capturaron en flagrancia a un hombre por el delito de receptación, luego de descubrir que la moto que tenía en su poder, había sido reportada como robada.

Fue así como al llevarlo a la sala de detenidos de la subestación, Rayo Córdoba aparentemente le pidió la suma de $1.200.000 para no dejarlo a disposición del fiscal URI, y por el contrario, dejarlo en libertad.

El detenido le informó entonces a sus familiares, poniéndose de acuerdo con ellos para que les hicieran entrega del dinero producto del soborno a las 6:00 de la tarde de ese día.

Sin embargo sólo hasta el día siguiente la familia logró reunir $1.000.000, y mientras uno de los patrulleros se encontraba con un hermano de la víctima en el centro de Pitalito para la entrega del dinero, el otro lo ponía a disposición del fiscal de turno.

Posteriormente, la familia se enteró de que su pariente no había sido dejado en libertad por el pago realizado por ellos a los uniformados, sino porque el fiscal así lo ordenó, debido a que no consideraba que hubiese suficientes elementos de prueba para retenerlo.

Así dieron a conocer ante los superiores de los policías la situación y formularon la denuncia ante las autoridades.