¿Por qué el asesinato de una menor en Rumanía genera crisis en su gobierno nacional?

Seis días después de la muerte de una adolescente de 15 años, secuestrada y violada por un sospechoso de 64 años en Rumanía, la tardanza de la Policía en reaccionar a las llamadas de auxilio de la víctima ha provocado indignación ciudadana y ha generado una verdadera crisis política al más alto nivel.

Las consecuencias de este escándalo han llegado al Gobierno socialdemócrata, acusado por el presidente del país, el conservador Klaus Iohannis, de propiciar "demoras criminales" en este caso, con un modelo de gestión que favorece la corrupción y la "politización" de la administración pública.

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El jefe de Estado, muy crítico con el gabinete de la primera ministra Viorica Dancila, llegó a decir que el Ejecutivo es el "autor moral" del crimen.

"Hemos llegado hasta aquí porque los gobiernos de los últimos años han llenado el país de incompetentes, han echado a demasiados profesionales y han puesto en su lugar a siervos, a personas incapaces", denunció Iohannis, tras una reunión de crisis del Consejo Supremo de Defensa Nacional, en la que el Ejecutivo, la Presidencia y otras instituciones abordaron lo ocurrido.

Entre las "deficiencias" a la hora de tratar el caso están "los retrasos injustificados al abrir las investigaciones" y "la actitud refractaria de los empleados de la Policía hacia la víctima", dijo el presidente, además de la falta de cooperación institucional y el déficit de estructuras operativas.

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Según medios locales, uno de los materiales analizados es la grabación de las llamadas de auxilio de la víctima a la Policía.

La prensa rumana publica fragmentos de esas conversaciones en los que los agentes muestran una actitud displicente con la menor.

Iohannis propone, ante ello, una serie de medidas para solventar los problemas revelados por la reacción policial a las llamadas.

Por su parte, Dancila afirmó hoy ante la prensa que "es más evidente que nunca que existen muchas disfuncionalidades en la gestión" de situaciones de urgencia.

Por eso, se comprometió a impulsar legislación al respecto y evaluaciones de las estructuras policiales de todas las provincias.

"Creo que en estos momentos no es oportuno que nos culpemos unos a otros", añadió Dancila.

Advirtió de que la confrontación puede "dividir a la sociedad" y pidió una actitud "pragmática" y "concreta" a la hora de actuar.

El fin de semana, la jefa de Gobierno trató de trasladar el debate hacia la esfera judicial, al proponer un referéndum sobre la introducción de "cadena perpetua o la castración química" para "asesinos, violadores y pedófilos".

La crisis precipitó este martes la dimisión del ministro rumano del Interior, Nicolae Moga, en el cargo desde la semana pasada tras reemplazar a Carmen Dan, en entredicho por la violenta represión de unas manifestaciones antigubernamentales el año pasado.

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"He tomado esta decisión para salvar parte del prestigio de esta institución, que se ha visto muy afectada tras las actividades deficitarias de algunos de sus empleados", reconoció Moga.

Estas "actividades deficitarias" tuvieron lugar entre el jueves y el viernes de la semana pasada, cuando la menor logró hablar en varias ocasiones con el servicio de emergencias 112 desde la vivienda de su agresor en Caracal, en el sur del país.

Las autoridades rumanas dieron con la casa en la mañana del viernes, diecinueve horas después de que la adolescente pidiera ayuda para escapar del hombre que la había secuestrado cuando hacía autoestop.

Allí detuvieron al sospechoso, acusado ahora de tráfico de menores, violación y asesinato, tras confesar haber matado a la menor y a otro chica de 18 años desaparecida desde abril en la misma zona.

Este martes la defensa del sospechoso confirmó que la Policía relaciona al hombre con otro crimen ocurrido en 2015, cuando una joven de 17 años fue violada y decapitada en Craiova, cerca de Caracal.

El más reciente de estos casos ha despertado consternación en Rumanía, donde se suceden las muestras de duelo y repulsa.

Miles de rumanos participan desde el pasado viernes en concentraciones contra el Gobierno, al que consideran responsable de las deficiencias policiales.

Estas manifestaciones recuerdan a las que acabaron tumbando al Gobierno socialdemócrata de Victor Ponta en noviembre de 2015, días después de que 64 personas murieran en un incendio en una discoteca de Bucarest, que no cumplía las condiciones de seguridad requeridas por la ley.

Como pasa ahora, muchos rumanos ven en ello una consecuencia de un sistema corrupto y negligente en el que los políticos ignoran al ciudadano y solo se preocupan por sus intereses.