Las contradicciones en la propuesta de AMLO de crear una guardia nacional en México
Especialistas cuestionan que esta guardia, que debe ser de naturaleza civil, quedaría bajo el mando del Ejército.
Por: Alejandro Melgoza Rocha
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentó el 16 de noviembre pasado su Plan de Paz y Seguridad 2018-2024, en el que se propone formar una Guardia Nacional y acabar con el modelo militarizado que ha funcionado en el país durante 12 años.
De acuerdo con el plan del Gobierno, se busca que esta guardia actúe como la Gendarmería Nacional francesa o la Guardia Civil española.
El documento con la propuesta que presentó el Gobierno fue el resultado de los foros realizados por AMLO en diferentes latitudes del país con víctimas de la violencia que, hasta la fecha, ha dejado un saldo de más de 250.000 homicidios dolosos y 30.000 desapariciones.
No obstante, fueron esas mismas víctimas quienes quedaron perplejas al leer la propuesta de la Guardia Nacional, ya que el texto señalaba que la guardia, que estaría integrada por policías militares, navales, federales y civiles, quedaría bajo el mando del Ejército.
Resultaba contradictorio que el Ejército quedara al mando de la Guardia Nacional cuando según la Constitución mexicana este es un instrumento jurídico que convoca a civiles, no a militares, “para asegurar y defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e interés de la patria, así como la tranquilidad y el orden interior”, según la Constitución Mexicana.
Cuatro días después de la presentación del Plan de Paz y Seguridad 2018-2014, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido de López Obrador, presentó una iniciativa en el Congreso que buscaba reformar y derogar 13 artículos constitucionales, con el fin de crear la Guardia. Dicha iniciativa se sigue discutiendo en el Congreso.
Una de las voces que más se ha opuesto a la propuesta es cercana a López Obrador. Se trata del exgeneral brigadier, y también doctor en administración pública de la UNAM, Francisco Gallardo, quien en entrevista con la Agencia Anadolu explicó que “la Guardia Nacional que se está proponiendo en el plan de seguridad no tiene que ver absolutamente nada con la que contempla la Constitución mexicana”.
Para él, se trata de una “militarización”, y López Obrador le estaría dando al Ejército lo que no le dieron los otros presidentes: “El control de todo el sistema de seguridad”.
Francisco Rivas, presidente del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), apunta que “en ningún lugar del mundo una Guardia Nacional entrega el mando civil al militar”.
“Entendemos que sacar a las Fuerzas Armadas de la noche a la mañana es una locura porque las policías civiles no están preparadas para la violencia. Pero en el proyecto de la Guardia nunca se habla del retiro paulatino ni del mejoramiento de estas”, considera Ixchel Cisneros, directora del Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos) e integrante del colectivo Seguridad Sin Guerra.
Además, organismos nacionales e internacionales como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la representación en México de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han mostrado críticos con respecto a esta propuesta.
Paz o guerra
Un día antes de que se presentara la propuesta de la Guardia Nacional, la Suprema Corte invalidó la Ley de Seguridad Interior, lanzada por el expresidente Enrique Peña Nieto, cuyo contenido dotaba de facultades de seguridad pública a las fuerzas militares.
No obstante, la propuesta de AMLO consideraba como imperativo que las "Fuerzas Armadas participen en la construcción de la paz, principalmente en la formación, estructuración y capacitación de la Guardia Nacional”. Es decir, que en aquella guardia civil que se pretende formar también participarían los militares.
Esta tendrá tres fases: la primera será integrar policías militares, navales y federales; la segunda, incorporar miembros activos de las fuerzas armadas; y la tercera, convocar a “la juventud” para aglomerar 50.000 efectivos en 266 regiones.
Para Rivas, esta iniciativa “es mucho más grave que la guerra contra el narco, porque en la amalgama de la guerra contra el narco siempre se pensó en impulsar las fuerzas civiles. Aquí en realidad no hay un plan para fortalecer las instituciones civiles de seguridad”, señala Rivas.
Recientemente el ONC presentó un análisis, basado en los foros con víctimas, que señala que una de las conclusiones a las que se llegó es que las víctimas quieren “el fortalecimiento de las fuerzas civiles y no la militarización del país”.
De acuerdo con Cisneros, López Obrador “ahora se contradice”, ya que recuerda que durante su campaña presidencial él se comprometió al retiro gradual de las Fuerzas Armadas. Para ella, con esta actitud lo que está logrando es comportarse como los demás gobiernos, es decir, no está teniendo “en cuenta a las víctimas de la violencia”.
El documento del gobierno actual no prevé en los “lineamientos de operación” el retiro programático, tal como han recomendado organizaciones mexicanas y extranjeras.
Para el general Gallardo, “él (López Obrador) recorrió palmo a palmo todo el país, como tres o cuatro veces, entonces no puede salir con que no sabía (sobre la situación terrible)”.
A pesar de que la propuesta de la Guardia sigue en discusiones en el Congreso y que se hará una consulta nacional en marzo del próximo año, la Guardia ya se coordina en Morelos, Puebla y Michoacán. “Van a operar sin un marco normativo”, enfatiza Rivas.
Poder militar
El general Gallardo es una de las figuras castrenses más reconocidas en el país, pues fue preso político entre 1993-2002 por exigir que se tuviera en cuenta el tema de los derechos humanos dentro del sistema militar. En 1997, fue adoptado como preso de conciencia por Amnistía Internacional.
Atraído por la política de López Obrador, se convirtió en asesor de su partido político. De hecho fue candidato de Morena para el estado costero de Colima en 2015, respaldado por el ahora presidente.
No obstante, actualmente es uno de los principales opositores de la propuesta de la Guardia Nacional porque, como promotor y estudioso de la medida, considera que esta no tiene una “columna vertebral”.
De acuerdo con el exmilitar, las características de este cuerpo civil son el escrutinio al poder público y militar, así como el replanteamiento de la división territorial castrense.
Como ejemplo está el caso de Guerrero, el estado donde desaparecieron a 43 estudiantes en septiembre del 2014, conocido como el caso de Ayotzinapa y donde, por ser el más militarizado, se “tendría que hacer una recomposición de esas estructuras”.
Para Gallardo, ese cambio repentino en el discurso de López Obrador, contrario a lo que él asesoró, se debe a la “presión” de altos mandos militares. “Nunca va a admitir el Ejército que encima de él esté otra fuerza encargada de la seguridad. Sí creo que hubo una presión; quizá el poder civil no lo detecte, pero el poder militar sí sabe lo que está haciendo”.
“Como asesor que fui –concluye el exmilitar– les dije lo que pienso, y si no lo quieren acatar es su problema; las consecuencias las vamos a ver, y rápido. En lo particular, haré todo lo posible y todo lo que esté a mi alcance para que esa Guardia no se instituya como la están impulsando”.