Exasesor peruano no era vigilado cuando llamaba por teléfono para sobornar jurados
Keiko Fujimori alega que ha sido víctima de un "fraude sistemático", del que no ha presentado pruebas fehacientes, y pidió la anulación de actas con unos 200.000 votos.
El exasesor presidencial peruano Vladimiro Montesinos no era vigilado cuando hacía llamadas telefónicas desde su prisión en la Base Naval del Callao, donde cumple una condena a 25 años de cárcel, informó la ministra de Defensa, Nuria Esparch.
"Hemos comprobado que el reo (Montesinos) no era vigilado mientras hacía sus llamadas", afirmó la ministra en declaraciones publicadas este viernes por medios locales.
Hace dos semanas se revelaron las llamadas que hizo Montesinos a un exmilitar para que plantee sobornar a magistrados del jurado electoral para que acepten las impugnaciones de actas de la segunda vuelta presidencial del pasado 6 de junio que ha presentado la candidata derechista Keiko Fujimori.
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Fujimori alega que ha sido víctima de un "fraude sistemático", del que no ha presentado pruebas fehacientes, y pidió la anulación de actas con unos 200.000 votos de zonas donde su rival electoral, el izquierdista Pedro Castillo, obtuvo una votación abrumadora.
El recuento de votos del balotaje señaló que Castillo obtuvo poco más de 40.000 votos que Fujimori, aunque el jurado electoral aún no proclama a un ganador de los comicios porque debe terminar de resolver las impugnaciones presentadas por la candidata.
Ningún organismo de observación electoral ha encontrado indicios de "fraude", mientras que países e instituciones como la Unión Europea, los Estados Unidos, Reino Unido o Canadá han expresado su confianza en el sistema electoral peruano y en que las elecciones peruanas han sido libres y limpias.
"IRREGULARIDADES" EN EL CONTROL A MONTESINOS
Esparch dijo que en las investigaciones del caso Montesinos se ha determinado que "existieron irregularidades en el cumplimiento de los protocolos" de seguridad y que se debe determinar si estas "son faltas administrativas, disciplinarias, o son delitos".
Detalló que se ha comprobado que, al hacer sus llamadas telefónicas, el exasesor del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) "marcaba directamente" los números sin que se compruebe con quién se comunicaba.
Por ese motivo, la ministra informó que "hay indicios para ampliar la investigación" a períodos anteriores a las llamadas que se han revelado y adelantó que en ese proceso se puede incluir a unos 50 oficiales de la Marina de Guerra, ya que "claramente, no han sido dos las veces en que Montesinos usó el teléfono".
EXMILITAR ADMITIÓ EL PLAN
El pasado 1 de junio, el exmilitar Pedro Rejas admitió haber participado en un plan ideado por Montesinos para conseguir, mediante sobornos, que Keiko Fujimori sea reconocida como ganadora de los comicios en Perú.
El exmilitar señaló al diario La República que el "interés primordial" de Montesinos era "apoyar la candidatura de Keiko Fujimori" y que aunque "se suponía" que él "tenía que comunicar a los Fujimori el pedido de dinero", decidió "contarlo todo porque no quería ir preso por corrupción".
Rejas dijo que durante la reciente campaña el exasesor también dirigía, desde la prisión, a un grupo de personas que apoyaba la candidatura de Fujimori con mensajes difundidos por redes sociales y teléfono con el apoyo de un experto en inteligencia.
UN MILLÓN PARA CADA MAGISTRADO
Según los audios difundidos, tras los resultados de la segunda vuelta presidencial, Montesinos buscó a Rejas para decirle que se debía sobornar con un millón de dólares a tres magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), el máximo órgano electoral que tiene a su cargo la proclamación de los resultados.
Cuando Rejas le preguntó "¿y de dónde van a salir los 3 millones de dólares?", el exasesor le respondió que "la chica (Keiko Fujimori) sabe que tiene un montón de gente apoyándola" y sugirió que le pidan el dinero a empresarios y políticos derechistas.
Después de que el exmilitar filtró a la prensa, mediante un excongresista, los diálogos con Montesinos, la Marina de Guerra admitió que se habían incumplido las normas de seguridad de la prisión de la Base Naval y se abrió una investigación del caso.
