Estados Unidos sanciona al ministro del Interior cubano por la represión del Gobierno

Las autoridades estadounidenses anunciaron este viernes la imposición de sanciones de la ley Magnitsky contra el Ministerio del Interior de Cuba y contra su titular, el general Lázaro Alberto Álvarez Casas, por "su conexión con graves abusos de derechos humanos", pocos días después de que Washington incluyera de nuevo al régimen cubano en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo.

Esa ley prohíbe a los sancionados la entrada en Estados Unidos y congela los activos que puedan tener los extranjeros acusados de violar los derechos fundamentales de otras personas.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, justificó la decisión al señalar en un comunicado que "unidades especializadas del brazo de seguridad del estado del MININT (Ministerio del Interior) son responsables de la vigilancia de la actividad política, y la Policía cubana apoya estas unidades de seguridad con el arresto de personas de interés para el MININT".

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Pompeo puso como ejemplo el caso del disidente cubano José Daniel Ferrer, que en septiembre de 2019 fue encarcelado "en una prisión controlada por MININT, donde informó que fue apaleado, abusado y retenido en aislamiento. Ferrer no recibió atención médica mientras estuvo en prisión y no se le permitió leer o escribir".

El Departamento de Estado también señaló que el general Álvarez Casas, como viceministro del Interior hasta su promoción en noviembre de 2020, "es cómplice del acoso y vigilancia de periodistas, disidentes, activistas y miembros de los grupos de la sociedad civil, incluido más recientemente a los miembros del pacífico Movimiento San Isidro".

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Las sanciones contra el MININT y su titular se producen cinco días después de que la Administración del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, volviera a incluir a Cuba en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, de la que había sido retirada en 2015.

Estas medidas han sido adoptadas por Washington después de que a principios de diciembre pasado el jurista mexicano René Bolío, presidente de una organización internacional que busca el enjuiciamiento de los responsables de violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad en Cuba, solicitara a la Administración Trump declarar a La Habana como patrocinadora del terrorismo y la aplicación de la ley Magnitsky contra varios dirigentes cubanos.

También el pasado diciembre, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) denunció la "fuerte represión" ejercida contra miembros del Movimiento de San Isidro (MSI) y auguró una nueva "Primavera Negra" como la de 2003, cuando el régimen cubano condenó a la cárcel a 75 disidentes.