España en huelga general contra política de austeridad de Rajoy

España vive este jueves una huelga general marcada por pequeñas protestas antes de la gran movilización de la tarde contra la reforma del mercado laboral y las políticas de austeridad decretadas por el gobierno conservador , bajo estrecha vigilancia de la Unión Europea (UE). Desde primeras horas de la mañana, piquetes de huelguistas acudieron a las puertas del gran mercado central de Madrid, así como a las puertas de los principales bancos y empresas. Llevando chalecos rojos con las siglas de los dos sindicatos mayoritarios convocantes de la huelga, CCOO y UGT y con banderas y pancartas en las que se podía leer "Reforma laboral, No" o "Huelga general" , los huelguistas paraban a los trabajadores para informarles sobre el paro. Centenares de ellos se concentraron posteriormente en el centro de Madrid, preludio de la gran manifestación, que culminará en la tarde de este jueves la movilización, vigilados de cerca por un imponente dispositivo policial, que ocupó la conocida Puerta del Sol. "Así, así. Ni un paso atrás con la reforma. Huelga general", coreaban los manifestantes, algunos de los cuales llevaban pegatinas con el lema "No a la reforma laboral del despido barato", mientras antes, se manifestaban en bicicleta, ralentizando el tráfico. "La huelga general ha sido un éxito", insistieron a media mañana los secretarios de organización de CCOO y UGT, Antonio del Campo y José Javier Cubillo, que cifraron en un 85% el seguimiento de la movilización, mientras el gobierno mantiene que "la normalidad en los centros de trabajo españoles es muy elevada". Para la poderosa patronal CEOE la huelga está teniendo "un seguimiento desigual", con una "mayor incidencia en el sector industrial y territorialmente en el norte del país , así como en algunas grandes ciudades". Los sindicatos protestan contra una reforma del mercado laboral, aprobada el pasado 11 de febrero por el gobierno de Mariano Rajoy con el fin de relanzar la creación de empleo, en un país con una tasa de paro récord del 22,85%, que castiga especialmente a los jóvenes de menos de 25 años (48,6%). Los promotores de la protesta, en cambio, consideran que sólo abarata el despido y aumentará la destrucción de empleo . El propio ejecutivo ha admitido la destrucción de 630.000 empleos en 2012 y un paro del 24,3% a final de año. "Va a haber una gran huelga en España a pesar del miedo", aseguraba el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, apuntando a uno de los principales hándicap de la huelga que podría limitarla: el miedo de la gente a perder su trabajo. "Entiendo que hagan la huelga. La reforma sólo sirve para que te echen más fácilmente y con menos dinero", dice a la AFP Pedro Moreno, vestido con su uniforme de reponedor de un gran supermercado de las afueras de Madrid. "Pero, no están los tiempos para andar perdiendo días de trabajo", añadió este hombre de 32 años, en el intercambiador de la madrileña Plaza de Castilla, uno de los principales nudos de comunicaciones del norte de Madrid. "Hoy no voy a hacer huelga porque hacer huelga es también cooperar con la crisis y perder millones de euros que necesitamos para salir de ella", afirma por su parte, Carmen Sánchez, de 45 años, una funcionaria, que espera su tren en la estación de Atocha de Madrid. En la capital, está previsto que funcione una media del 30% de metros y buses urbanos, y un 25% de buses interurbanos, mientras que la sanidad funcionará al nivel de un día festivo. A nivel nacional, circulan un 30% de los trenes de cercanías y un 20% de los convoyes de larga distancia, al tiempo que las aerolíneas Iberia, Air Nostrum y Vueling han anulado una media del 60% de sus vuelos. La movilización, la sexta desde el restablecimiento de las libertades sindicales en 1977, tiene lugar un día antes de que el gobierno apruebe el viernes los presupuestos generales para 2012, que se anuncian rigurosamente austeros, y serán mirados con lupa por los ministros de Finanzas del Eurogrupo reunidos al mismo tiempo en Copenhague. El gran objetivo del gobierno es reducir el déficit público español al 5,3% del PIB pactado con la Unión Europea, tras el gran desvío que lo llevó hasta el 8,5% en 2011, para lo que, según distintos cálculos, se necesitará un ajuste de entre 41.500 millones y 55.000 millones de euros.