¿El mundo le podría reclamar daños y perjuicios a China por la COVID-19?
Varios de los países, empresas y personas afectadas por la pandemia han dejado abierta la posibilidad de reclamar altas compensaciones económicas al Estado Chino.
Wuhan, la capital de la provincia de Hubei y la ciudad más poblada en la zona central de la República Popular China con más de 11 millones de habitantes, comenzó a cobrar notoriedad luego de que allí se originara el brote epidémico de coronavirus a finales de diciembre de 2019.
Casi seis meses después, esta pandemia ha cobrado la vida de más de 250.000 personas en todo el mundo. Además ha hecho que la economía retroceda en al menos un 3%, se multipliquen las cifras de desempleo y la educación de los menores se ralentice, tal como lo afirmó el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).
Los países han tenido que endeudarse para financiar su economía interna y medianamente sostener las necesidades de las familias más vulnerables. Igualmente, las compañías que no tienen ingresos han tenido que acudir al sistema financiero para sobrevivir a los efectos que ha causado la COVID-19. El turismo ha tenido que parar, y el comercio en general ha sido uno de los grandes afectados.
Tanto estos sectores, como particulares y cada unos de los países que presentan contagios alzan la mano y plantean la posibilidad de exigir una reparación económica por los daños y perjuicios que han tenido que afrontar a causa de que China no tomó medidas a tiempo para evitar la propagación de este abrumador virus originado en su territorio y la demora en su comunicación.
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Debido a estas consecuencias, se ha pensado demandar al gigante asiático por su falta de cuidado frente al virus, al respecto, Wim Muller, experto en Derecho Internacional del think tank británico Chatham House, le dijo a la BBC mundo que “otro país tendría que encontrar alguna forma de obligación internacional que China haya infringido”.
Muller cree que, de todos los mecanismos que se han sugerido, el que más posibilidades tendría de sentar a China en La Haya, sería el uso del artículo 75 de la Constitución de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Este señala que “si hay una disputa que verse específicamente sobre una de las disposiciones de la Constitución, o sea, que China haya infringido una de las obligaciones contenidas ahí, entonces otro Estado podría llevarla a la Corte Internacional de Justicia (CIJ)".
Para el presidente de EE.UU., Donald Trump, “hay muchas formas de hacer que rinda cuentas. Estamos llevando a cabo investigaciones muy serias, como probablemente saben, y no estamos contentos con China. (…) Creemos que (el virus) podría haber sido detenido en origen, podría haber sido frenado rápidamente y no se hubiera esparcido por todo el mundo”, aseguró en una conferencia de prensa.
El primer mandatario norteamericano dejó abierta la posibilidad de pedir una compensación económica al Estado chino.
Por su parte, el periódico Alemán Bild en un editorial titulado ‘Lo que China nos debe' estimó que el daño económico a causa del coronavirus en ese país asciende a unos 160.000 millones de dólares.
Franklin Ordóñez, un abogado ecuatoriano de 62 años, es otro de los afectados ya que perdió a su hermano mayor a causa del coronavirus, y tampoco ha podido trabajar por la cuarentena declarada para contener y mitigar los efectos del COVID-19.
Le dijo a la BBC mundo: "Alguien tiene que responder por todas las personas que han muerto en el mundo. Da malgenio saber que, por gente irresponsable, prácticamente el mundo se encuentra detenido. Yo creo que se podría resarcir económicamente a todas las personas que han sufrido la pérdida de sus seres queridos". Está convencido de que el virus fue creado en un laboratorio Chino aunque no hay evidencias.
Dice que es posible que particulares, como él, le pidan una compensación a China directamente a través de un tribunal interno de otro país.
Por eso, asegura estar esperando a que surjan "nuevas investigaciones" para plantear una demanda contra el Estado chino y adherirse a la demanda judicial colectiva que ha planteado un bufete de abogados estadounidense.