EE. UU. continúa deportando más de 100 centroamericanos a diario en medio de la pandemia

Las deportaciones en Estados Unidos no dan tregua a los inmigrantes indocumentados en medio de la pandemia que vive el país por el brote de coronavirus, que este martes alcanzó los 609.614 casos positivos.

La crisis de salud y la expansión del COVID-19 se convirtieron en la mejor excusa de la administración del presidente Donald Trump para ejecutar deportaciones exprés, en las que las personas detenidas no tienen derecho a fianza o al proceso migratorio que se sigue normalmente.

“Hemos comenzado los vuelos de repatriación en una frecuencia mucho más rápida con Guatemala, Honduras, El Salvador, Brasil, etcétera. Es muy importante para el Gobierno de los Estados Unidos que tengamos una buena cooperación para devolverles sus propios ciudadanos a sus países”, dijo un alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) a un grupo de periodistas en Washington DC.

Los datos de organizaciones civiles de derechos humanos y de apoyo a inmigrantes indican que en marzo pasado México recibió cerca de 1.200 inmigrantes deportados de Estados Unidos por día, mientras que los países del Triángulo del Norte, en Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras), recibieron vuelos charter con entre 120 y 150 personas deportadas cada día, pese a los cierres de los aeropuertos.

Al respecto, la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) dijo que en marzo realizó 6.306 “expulsiones” de la frontera sur con México y que además detuvo a más de 23 mil indocumentados en la misma zona.

El oficial de DHS que habló con periodistas en Washington DC señaló que los vuelos con personas deportadas se hacen “uno a la vez”, en coordinación con los gobiernos que tienen acuerdos con Estados Unidos con respecto a personas deportadas desde territorio estadounidense.

“Algunos de los países con los que interactuamos han cerrado el tráfico de pasajeros (…) Los vuelos de deportación se hacen uno a la vez con la cooperación intergubernamental, es decir, están organizados previamente por acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos y por el Gobierno de El Salvador, Guatemala y Honduras, y así sucesivamente”, dijo el oficial del Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con información difundida por ICE, los oficiales de esta oficina mantienen una “evaluación visual” de las personas que son detenidas y deportadas durante la crisis de salud.

“A cualquier detenido que no pase la prueba médica o que se sospeche que tiene una condición de riesgo de salud o potencialmente contagiosa para otros detenidos, personal y terceros, se le negará el embarque”.

Violación a derechos humanos

En los últimos meses, la Administración Trump dijo que sería su prioridad deportar a las personas que cometieron delitos en el país o que tienen órdenes de deportación vigente. Pero el funcionario de DHS aseguró que las medidas tomadas por la crisis de salud incluyen la deportación inmediata de todas las personas que sean detenidas en la frontera mientras intentan ingresar al país.

Según Hannah Hollandbyrd, de la organización de apoyo a inmigrantes Hope Border Institute, instalada en El Paso, Texas, en la frontera sur estadounidense, “los solicitantes de asilo y las personas que cruzan la frontera están siendo rechazadas rápidamente por la Patrulla Fronteriza y están siendo enviados de regreso a México”.

Debido a que todos los procesos migratorios de las cortes de Migración y de las oficinas de ICE están suspendidos, al igual que la atención directa de personas, las deportaciones se realizan de forma inmediata. Los deportados no pasan por ningún procedimiento médico para garantizar que no son portadores del COVID-19.

“Esta es una grave violación a los derechos humanos que pone a las personas en un peligro terrible y también pone en peligro la salud de las comunidades mexicanas. Sería mucho más seguro y justo, procesarlos, educarlos y permitirles viajar, para estar con miembros de su familia y seguir las normas de distancia social”, dijo Hollandbyrd.

Las medidas implementadas por el Gobierno estadounidense en medio de la pandemia también provocaron miedo entre los inmigrantes y negativa a buscar asistencia médica por temor a ser detenidos y puestos en procesos de deportación inmediata.

“ICE anunció el 18 de marzo que centraría sus esfuerzos en remover del país a quienes cometieron crímenes o que representan una amenaza para la salud pública. Si bien este es un paso importante, el hecho es que muchos inmigrantes indocumentados tendrán miedo de buscar atención médica, denunciar delitos o acceder a los servicios públicos, debido a la amenaza de deportación”, dijo Hollandbyrd.

De acuerdo con Juan Carlos Ruiz, que dirige la organización New Sanctuary City, en New York, hace dos semanas la comunidad inmigrante informó sobre una redada que se realizó en el estado y sobre la colaboración de la Policía de la Ciudad de New York, con elementos de ICE, pese a la crisis de salud.

“Sabemos que la NYPD (Policía de New York) colaboró con la ‘migra’ en los últimos días y sabemos que hace dos semanas la ‘migra’ se llevó a varios paisanos. Sí hubo detenciones y este es un problema, porque esto genera más miedo. Por tanto control que hay por la pandemia, la gente (inmigrantes) no quiere buscar asistencia”, le dijo Ruiz a la Agencia Anadolu.

Deportaciones y contagios

A mediados de marzo, Guatemala y El Salvador cerraron sus fronteras como medida de prevención ante la pandemia. Ambos países se negaron a recibir vuelos de deportados, pero esa postura solo duró tres días, entre el 20 y el 21 de marzo. Luego, los vuelos de deportados se reanudaron.

“Honduras nunca frenó la recepción de deportados, como lo hizo El Salvador y Guatemala. En marzo, tuvimos conocimiento de que 500 personas fueron deportadas a Guatemala, y entre ellos se reportaron cinco casos de personas que llegaron con COVID-19”, le dijo a la Agencia Anadolu Celia Medrano, de la organización de derechos humanos Cristosal.

De acuerdo con Medrano, desde el 21 de marzo hasta la semana pasada, la organización pudo verificar la llegada de vuelos diarios con 120 y 150 deportados, incluidos menores de edad, que ingresaron a El Salvador, desde Estados Unidos, país que es por ahora el epicentro de la pandemia en el continente americano.

El Gobierno salvadoreño oculta la información relacionada con los vuelos que llegan con deportados, así como la información sobre deportados que podrían estar contagiados con la enfermedad.

Las organizaciones de derechos humanos también señalan que toda la información sobre los centros de contención abiertos en el país, para atender a los deportados que llegaron en los últimos días, es ocultada por las autoridades salvadoreñas.

Astrid Ávalos, de la Oficina de Comunicaciones, de la Dirección de Migración de El Salvador, dijo a Anadolu sobre la solicitud de datos de salvadoreños deportados que la instancia no tiene "información sobre retornados para compartir con medios".

Mientras tanto, el ministro de Salud de Guatemala, Hugo Monroy, dijo a los medios de comunicación que el Gobierno guatemalteco solicitó a Estados Unidos reducir a 25 el número de migrantes que son puestos en aviones chárter con destino hacia su país.

“Probablemente recibamos un vuelo con personas que tengan 15 días de estar en los centros y que tengan una certificación que diga que son asintomáticos y que no tienen ninguna complicación de salud. Esto para resguardar propiamente la salud de todo el país”, dijo Monroy.

En Honduras, las autoridades del país informaron que buscan a 15 hondureños que llegaron en un vuelo de deportados y que no pasaron los controles sanitarios del aeropuerto. Ese mismo día, ingresaron alrededor de 95 hondureños deportados desde Estados Unidos, que según las autoridades se negaron a cumplir con las medidas de cuarentena.

Entre octubre y noviembre del 2019, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron con Estados Unidos el acuerdo del Tercer País Seguro, en el que se comprometían a recibir a los inmigrantes rechazados por el Gobierno estadounidense de varias nacionalidades, sin derecho a refutar ninguna deportación.

Este acuerdo es parte de la política de ‘cero tolerancia’ de la Administración Trump, que incluye un plan similar con México. Desde la firma de estos acuerdos, Estados Unidos mantiene las deportaciones, especialmente de centroamericanos, sin importar que ninguno de estos países tiene la capacidad de resolver el problema de la migración de sus ciudadanos.