La Cámara Colombiana de la Infraestructura rechaza derogar la Ley de Garantías
Para la CCI la derogatoria de la Ley de Garantías es inconstitucional, impertinente e inconveniente.
A través de una misiva enviada al ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, al igual que a los presidentes del Senado y de la Cámara de Representantes, la Cámara Colombiana de Infraestructura hizo una alerta en relación con el articulado del proyecto de ley de presupuesto que modifica la ley de garantías.
Entre las observaciones que conforman la misiva, se puede leer que el gremio constructor en el primer punto aseguró que “la contratación estatal y los recursos públicos asociados a ésta deben ser protegidos de los ciclos electorales”.
En su argumentación, la CCI manifestó que “la ley de garantías tiene como propósito fundamental prevenir que la contratación estatal sea utilizada como un vehículo para materializar indebidas prácticas relacionadas con la actividad electoral, a través del favoritismo político patrocinado por contratistas inescrupulosos”.
Añadiendo que por lo mismo, las restricciones asociadas a la contratación directa y a la celebración de convenios interadministrativos, deben preservarse.
En el otro punto que conformó la carta, la Cámara se refirió a la legalidad que tiene modificar la ley de garantías, manifestando que hay “vicios de inconstitucionalidad del artículo que modifica la Ley 996 del 2005”.
Allí el gremio de la infraestructura colombiana agregó que su segunda observación que es de orden jurídico, señala que la inclusión del artículo que modifica la ley de garantías en el proyecto de ley del presupuesto, está en contravía de lo señalado por el artículo 152 de la Constitución, el cual ordenó darle trámite de ley estatutaria a los asuntos referentes a la igualdad electoral entre los candidatos a la Presidencia de la República, temas del estatuto de la oposición y garantías en materia electoral.
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De igual forma, la CCI resaltó que de insistirse en la aprobación de este articulado se podría configurar un vicio de inconstitucionalidad debido a la forma como se le está dando trámite, la cual no cumple por lo ordenado constitucionalmente.
De esta manera, la polémica propuesta para derogar la ley de garantías recibe una negativa más.