Invías trabaja con la Contraloría en seguimiento especial a 17 obras de infraestructura

Luego de que en junio la Contraloría General de la República hiciera 131 alertas por obras  de infraestructura retrasadas o en riesgo que cuestan $18,11 billones, el Instituto Nacional de Vías confirmó que en coordinación con el ente de control realiza un seguimiento especial a 17 obras de infraestructura, asegurando de paso que dichos proyectos cuentan con cronogramas de obra definidos para garantizar los avances esperados, lo que asegurará su ejecución.

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Ante el escenario, el director General del INVÍAS, Juan Esteban Gil, dijo: “hemos realizado mesas de trabajo con la Contraloría y con base en un plan de acción se hará un seguimiento específico, con metas definidas, que nos va a permitir la ejecución de estas obras. La mayoría de las afectaciones presentadas en la ejecución de los contratos, están asociadas con las parálisis presentadas producto de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno nacional en el pasado mes de marzo, producto del COVID-19. No obstante, las cifras muestran que el INVÍAS ha reactivado 736 de los 787 contratos que estaban activos en marzo que debieron suspender como consecuencia del aislamiento preventivo obligatorio. Al respecto, de manera progresiva y segura, el INVIAS ha reactivado el 94 % de los contratos, que generan 34.252 empleos”.

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Según lo expuesto, nueve contratos, por valor total de 217.913 millones de pesos, son auditados por la Contraloría Delegada para el Sector de la Infraestructura, estos se encuentran en los departamentos de Boyacá (3), Casanare (1), Córdoba (1), Sucre (1), Norte de Santander (1), Huila (1) y Nariño (1),  55 % de los contratos observados corresponden a intervenciones de mantenimiento, 23 %, a la intervención de puentes y el 22 % restante, a 2 contratos de mejoramiento, mantenimiento y construcción.

Entre los datos entregados por el Invías sobre dichos contratos se encuentra que:

• Cuatro de las nueve obras (45 % de los contratos auditados) a la fecha han sido terminadas satisfactoriamente en los departamentos de Norte de Santander, Córdoba, Casanare y Boyacá.
• Cuatro proyectos con una inversión total de $14.347 millones, se encuentran en ejecución. Estos presentan un avance superior al 53 % y su terminación está prevista para el tercer trimestre del presente año. Cabe señalar que el contrato de mayor valor de este grupo corresponde al mejoramiento de la vía Cicana – Naranjal en el departamento del Huila, obra en la que se invierten $11.705 millones y que solo hasta el pasado 26 de junio logró la aprobación del municipio de Timaná para el reinicio total de las actividades, conforme los protocolos de bioseguridad establecidos en obra para reactivar la ejecución de las obras.
• De los contratos auditados, la obra que reporta el menor porcentaje de avance (21 %) corresponde a la construcción de un puente peatonal sobre la carretera Duitama - La Palmera, en el departamento de Boyacá, en la cual se invierten $902 millones de pesos, no obstante una vez superadas las dificultades presentadas se espera cumplir con esta importante obra de vital importancia para la comunidad.
• El último contrato corresponde a la construcción y mejoramiento de la carretera Espriella - Río Mataje en el departamento de Nariño, en la que se invierten $198.430 millones de pesos para la conectividad binacional con la Republica del Ecuador. Esta obra se ejecuta en una zona afectada por la presencia de grupos al margen de la Ley  y en la cual se han presentado paros civiles generados por parte de la comunidad del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera, ampliamente conocidos en la región, circunstancia que incide además en la explotación de materiales. Adicionalmente, ha requerido la implementación de medidas especiales para su reactivación. A la fecha, esta obra reporta un avance de 77 % vs un 79% programado, diferencia que se espera superar con frentes adicionales implementados en obra que permitirán el inicio de actividades de pavimentación proyectado para el mes de agosto.

Por otro lado se informó  que ocho contratos, con una inversión total de 421.361 millones de pesos, son auditados por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana.

El Invías aseguró que para esta auditoría ya se han realizado reuniones de seguimiento con la Contraloría General Delegada para la Participación Ciudadana, con el fin de dar a conocer la situación actual de los contratos. En ellas, se expuso el estado y avance de los ocho contratos, que representan una inversión total de $421.362 millones donde el 86 % de la inversión se concentra en el contrato de los equipos electromecánicos del Cruce de la Cordillera Central, proyecto que cuenta con el acompañamiento de la Contraloría General de la República y que a la fecha avanza satisfactoriamente para la puesta en marcha y operación del Túnel de la Línea en septiembre entrante.

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Entre los datos entregados por el Invías sobre dichos contratos se encuentra que:

• Seis de los ocho contratos están en ejecución y dos están suspendidos. Estos dos últimos corresponden a los que no reportan avance y tienen una inversión de $15.094 millones por ejecutar, afectados directamente por suspensiones decretadas producto del COVID-19.
• El contrato 2651-2019, correspondiente a las obras de protección costera por efecto del dragado de profundización en Cartagena, se encuentra suspendido debido al Decreto 0626 del 30 de mayo de 2020, relacionado con el aislamiento preventivo obligatorio. Por otra parte, en concordancia con el decreto 0499 del 16 de marzo de 2020, no se encuentra habilitado el transporte marítimo de pasajeros ni de carga a la isla de Tierra Bomba, por lo que no es posible el traslado de materiales, equipos ni de personal vinculado a la ejecución del proyecto.
• El contrato 1687-2019 para el dragado de mantenimiento del Estero de San Antonio en el Valle del Cauca, se vio afectado dada la dificultad en la consecución de la autorización de dragado que imparte la Dirección General Marítima (DIMAR), la cual se demoró hasta que el Establecimiento Público Ambiental de Buenaventura (EPA) otorgara el concepto de viabilidad ambiental, situación que fue superada en los últimos días y que permiten el inicio de las obras de manera inmediata.
• En cuanto a los contratos en ejecución, el 67 % termina en el plazo contractual y se tienen dos contratos que presentan atraso en ejecución por bajo rendimiento a causa de las afectaciones producidas por el COVID-19.