Secretaría de la Mujer de Bogotá pide despenalizar el aborto
Argumentan que la penalización vulnera los derechos a la vida digna, a la igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y a la salud plena.
Secretaría de la Mujer de Bogotá pide despenalizar el aborto . Foto: Referencia Getty(Thot)
La Secretaría de la Mujer de Bogotá coadyuva una demanda ciudadana en la que se solicita a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el artículo 122 de la Ley 599 de 2000, en el que se tipifica el delito de aborto, por resultar violatorio de varios derechos.
De acuerdo con la demanda, la penalización del aborto vulnera los derechos a la vida digna, igualdad, al libre desarrollo de la personalidad y la salud plena.
"Esta Secretaría considera que la Corte Constitucional cuenta con elementos jurídicos y facticos para producir una decisión de fondo en la que, en aplicación del principio de progresividad, se despenalice el aborto y con ello se amplíe el margen de protección de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres", dice la demanda.
La demanda también argumenta que se debe tener en cuenta que se ha producido un cambio material en el significado de la Constitución Política de 1991 con ocasión de las barreras de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo que afrontan las mujeres en la actualidad.
Agregan que estas barreras "son complejas y persistentes e imposibilitan el goce efectivo de este derecho fundamental y de otros derechos interdependientes e interrelacionados como la salud plena, los derechos sexuales y reproductivos, la dignidad humana, la igualdad, el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía, la prohibición de sufrir tratos crueles, degradantes e inhumanos, y el derecho a una vida libre de violencias, entre otros".
Así mismo, la Secretaría de la Mujer advierte que algunos documentos internacionales de ‘soft law’ o derecho blando, como la Observación general No. 35 de 2017 del Comité de la CEDAW, señalan que la penalización del aborto puede constituirse en una práctica de discriminación contra las mujeres que sustenta o facilita la violencia contra estas.
Dicha Recomendación no pudo ser tenida en cuenta por la Corte Constitucional en 2006 porque fueron expedidos con posterioridad.
