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Más de dos años y no han demolido la mansión Monterodro en una reserva forestal

Juan Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR de Cundinamarca, manifestó en Sigue La W que en este caso se ordenó una multa de $450 millones y la demolición.

Juan Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR de Cundinamarca, manifestó en Sigue La W que en este caso se ordenó una multa de $450 millones y la demolición.. Foto: Cortesía: CAR de Cundinamarca

Juan Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR de Cundinamarca, manifestó en Sigue La W que en este caso se ordenó una multa de $450 millones y la demolición.. Foto: Cortesía: CAR de Cundinamarca(Thot)

Desde el año 2018, a través de una resolución de la Corporación Autónoma Regional Cundinamarca, se ordenó demoler Monterodro, una mansión ubicada en pleno corazón de la zona de protección ambiental de los cerros orientales de Bogotá.

Dos años y medio después, la lujosa vivienda sigue en pie; los propietarios, quienes además son los dueños de la Universidad ECCI, viven ahí y han buscado todo tipo de excusa para dilatar la demolición, hasta el punto que hoy en día están sin resolver un proceso administrativo y otro penal.

Juan Camilo Ferrer, director jurídico de la CAR de Cundinamarca, manifestó en Sigue La W que “el tema de estas construcciones ilegales en el área protegida tiene diferentes connotaciones, es decir, tiene unas implicaciones en la parte urbanística, penales y el proceso administrativo ambiental”.

“En esa zona tenemos 10 procesos sancionatorios y hay una cantidad de terceros que participan en estos. Se decidió un proceso con demolición efectiva y se están realizando las compensaciones ambientales”, indicó.

Dijo que “cuando la organización se dio cuenta que estaban adelantando la construcción del Monterodro, se ordenó la suspensión. Como corporación interpusimos las debidas denuncias por fraude en el proceso”.

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Señaló que “se ordenó una multa de 450 millones de pesos y la demolición. Entregamos unos lineamientos de cómo se va a realizar esta acción”.  

También expresó que “estos procesos tienen una complejidad mayor, el tema es que no todas las construcciones que están en cerros orientales son ilegales. Luego se hace una verificación técnica […] en esa área concreta hay 12 proceso para 12 viviendas, pero no es que estas personas no hayan cumplido”.

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