Investigan a la gerente de Energía de Bogotá por pagos a empresa involucrada en chuzadas

La W pudo conocer en primicia que en la Contraloría de Bogotá se abrió un proceso de responsabilidad fiscal en contra del Grupo de Energía de Bogotá por irregularidades en un contrato de más de 3 mil millones de pesos que se le entregó a la empresa Berkeley Research Group Colombia consulting  S.A.S, que recordemos terminó involucrada en el caso de las chuzadas ilegales que afectó a Enel y a un grupo de abogados.

Los investigados son la gerente del GEB, Gloria Astrid Álvarez, Diana Margarita Vivas, vicepresidenta jurídica y otros funcionarios de la entidad.

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El contrato se firmó en junio del 2018, con un plazo de ejecución de 24 meses, y tenía como objeto que BRG prestara asesorías en litigios, consultorías, pero además, llama la atención, que otra de las tareas de la empresa era hacer "inteligencia estratégica corporativa", que incluía entre otras cosas, el "análisis de documentos y datos relacionado con la prevención y detección de riesgo de fraude reputacional, corrupción, sociales, políticos, operacionales y de seguridad, respecto de las inversiones de la empresa".

La investigación fue abierta el pasado 6 de diciembre y, de acuerdo con los documentos conocidos por La W, el contrato no solo superó el valor inicialmente pactado (2.200 millones de pesos), sino que además, estos sobrecostos se hicieron bajo la figura de  "gastos reembonsables", sin ningún tipo de análisis o estudio de mercado y vulnerando los principios de planeación y transparencia.

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"Con fundamento en las pruebas allegadas y recaudadas por el equipo comisionado queda establecido que la ejecución del contrato 101500, específicamente en lo relacionado con un dictamen especializado, no se tuvo en cuenta por parte del GEB los soportes o facturas de los denominados "gastos reembolsables", tal como se estipuló en el contrato y la omisión del interventor de solicitarlos previo al pago efectuado al contratista y que durante la indagación preliminar nunca fueron demostrados, como tampoco se denota el análisis o el estudio de mercado", dice uno de los documentos conocidos por este medio.

Pero además, dentro de estos pagos presuntamente irregulares, la Contraloría encontró que 34 millones de pesos fueron pagados por concepto de viáticos, sin que existan los soportes de las actividades que se realizaron y anexando simplemente facturas de gastos de viajes y hoteles.