Video de las casas: los pecados del director de Policía llamado a juicio por Procuraduría

SIGUE LA W conoció detalles de la decisión de la Procuraduría General de llamar a juicio disciplinario al general Óscar Atehortúa actual director de la Policía Nacional, por supuestamente haber recibido a satisfacción 111 casas fiscales conocidas como CENOP en San Luis Tolima, para las familias de los comandos jungla encargados de operaciones contra el terrorismo, las Farc, Eln y otros grupos armados.

Cuando se inició el contrato de las casas fiscales, estaba al frente del Fondo Rotatorio el general Saúl Torres Mojica en 2012. El General Óscar Atehortúa llegó al Fondo Rotatorio en 2014, por lo que su defensa estaría argumentando que el proceso ya habría prescrito después de 5 años sin decisiones. Sin embargo, la fecha empieza a correr a partir de 2015, cuando según un documento conocido por SIGUE LA W, Atehortúa siendo director del Fondo Rotatorio, supuestamente y según las pruebas en poder de la Procuraduría, firmó recibiendo a satisfacción las casas fiscales sin que hasta hoy, estén terminadas.

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El contrato ya estaba en ejecución cuando llegó Atehortúa y estaba suspendido por incumplimientos, nunca se habrían ejecutado las pólizas de incumplimiento por parte del contratista, la cantidad de casas pactadas y las especificaciones de las mismas, no corresponderían a los permisos que las autoridades otorgaron en el terreno a través de la licencia de construcción, no tenían para el momento licencias ambientales.

Cuando el general Atehortúa recibió las casas a satisfacción en 2015, se hicieron compromisos que quedaron en el papel sobre la plantación de árboles, acabado de las viviendas, hasta construcción de piscinas de acuerdo a los planos, planta eléctrica, entre otros requerimientos que a la fecha, no están terminados.

La primera etapa que costó 10 mil millones de pesos, consistió en 60 viviendas incluida la casa del comandante del grupo jungla contra el terrorismo, contemplaba una piscina que nunca entró en funcionamiento. Se inició la construcción de la segunda etapa sin que estuviera lista la primera. Esa segunda etapa costó 7 mil millones de pesos para levantar 111 viviendas, que, hasta hoy en su mayoría, no están habitadas porque no están terminadas.

La pregunta que deberá resolver la Procuraduría en el marco del llamado a juicio disciplinario al actual director de la Policía Nacional, es si el general Atehortúa incurrió en falsedad ideológica en documento público por haber firmado que las casas estaban listas, cuando hoy, 5 años después, no lo están y en la zona se habla de un nuevo elefante blanco en Colombia con los recursos de la policía.

El general Atehortúa, plantea la Procuraduría, debió haber advertido evidentes irregularidades en las casas fiscales desde el inicio del contrato. Según denuncias que reposan en el expediente, el contrato se hizo a dedo y justificaron la contratación directa argumentando razones de seguridad para las familias de los comandos que trabajan contra el terrorismo, esto bajo la administración del entonces director del Fondo Rotatorio el general Vale Mosquera. El negocio se pactó bajo la modalidad de contrato llave en mano, es decir, obra entregada obra pagada, pero a los 3 meses, cambiaron inexplicablemente la modalidad del contrato, a pago por anticipado y le entregaron al contratista 7 mil millones de pesos por adelantado, después el resto.

¿Quién era el interventor del proyecto de las casas fiscales? William Muñoz, enviado a la cárcel a finales del año pasado, tras aceptar el desfalco en la Universidad Distrital. La procuraduría investiga la gestión de un Teniente de apellido Moreno, ahora Capitán, pues era él el supervisor de auditoría, quien al momento de la firma de recibido a satisfacción, dependía del general Óscar Atehortúa.

Testimonios de policías en poder de la Procuraduría, advierten que después de esta firma del general Atehortúa, se empezaron a hacer arreglos fragmentados de las casas con dinero que no salió del contrato original sino de contratos satélite con dineros de otras entidades para tapar el hueco de los incumplimientos.

¿Presunto tráfico de influencias?

Múltiples audios y chats probarían que el general Atehortúa siendo director de la Policía, dispuso de reuniones con el capitán Llanos para que se evaluara el archivo de este proceso de investigación en su contra por las casas fiscales, sin tener competencia y a espaldas del inspector General.

Se trata del capitán José Fernando Llanos a quien supuestamente el general Atehortúa habría presionado para que cerrara la investigación. Este Capitán ya declaró ante la Procuraduría. Incluso cuando se adelantó la diligencia, el General le habría advertido que el esquema de seguridad para él y su familia, que le pusieron por recibir amenazas de muerte, le serían cancelados provocando que la audiencia se interrumpiera en dos ocasiones por el llanto del Capitán que denunció constreñimiento para dar su testimonio, pues días antes, lo habían llamado para amenazarlo de muerta a él y a sus hijos en hechos que son materia de investigación.

Hay varias grabaciones que demostrarían que al Capitán Llanos pretendieron constreñir su versión en parques y cafeterías cercanas a la dirección de la Policía Nacional.

Al interior de la Procuraduría que indaga estos hechos, averiguan una denuncia sobre seguimientos a los investigadores, y si en un edificio contiguo a la entidad, se vigilan las oficinas de los procuradores que adelantan las pesquisas.