Víctimas insisten para que audiencias sobre falsos positivos sean públicas

En un recurso legal conocido por La W, varios representantes de víctimas de falsos positivos presentaron por tercera vez una insistencia para que la Sala de Reconocimiento de la JEP se pronuncie sobre su solicitud, en la cual piden que se levante la reserva de todas las audiencias relacionadas con casos de ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto. 

De acuerdo con el documento desde octubre realizaron esa petición y a corte actual ni siquiera les han notificado si se referirán a ella.

Entre sus argumentos señalan que mantener la reserva de las audiencias cuando se siguen filtrando a los medios de comunicación no tiene sentido y que además la sociedad tiene derecho a conocer los hechos que sucedieron en el conflicto.

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"Esto permitirá conocer la magnitud de las violaciones a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario que se cometieron en el país en más de 50 años de conflicto, algunas de las cuales se enmarcaron también en el fenómeno de la violencia sociopolítica", señala el recurso legal conocido por W Radio.

Además, consideran que se vulnera el derecho a la publicidad en las audiencias, porque la decisión de someter a reserva las diligencias se debe hacer con motivación expresa en la ley y los argumentos presentados por la JEP hasta ahora han sido muy genéricos.

"Salvaguardar estos crímenes del escrutinio público bajo un régimen de reserva y protección dentro de un proceso que busca incentivar las condiciones para que estos hechos no vuelvan a ocurrir en el conjunto de la sociedad, resulta contradictorio, e incluso deja la idea sentada de un Estado que mantiene en la reserva los crímenes de sus mismos agentes”, expresaron.

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Asimismo, manifestaron que también se está vulnerando el derecho a la igualdad, porque mientras las audiencias de los excomandantes de las Farc se están realizando preferiblemente públicas, no tiene sentido que las de miembros del Ejército y otros agentes estatales sean privadas y no se conozcan sus investigaciones y condenas por delitos relacionados con el conflicto.