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Supertransporte entregó cifra de cancelación de habilitación de empresas de carga

La entidad adelanta procesos contra las empresas que no están prestando el servicio público y, contra aquellas que expiden manifiestos de carga con la finalidad de venderlos.

Carmen Ligia Valderrama Rojas, superintendente de Transporte. Foto: Colprensa

Carmen Ligia Valderrama Rojas, superintendente de Transporte. Foto: Colprensa(Thot)

La entidad está adelantando procesos contra las empresas que no están prestando el servicio público, así como contra aquellas que expiden manifiestos de carga con la finalidad de venderlos a terceros.

En lo que va corrido del año, la Superintendencia de Transporte ha ordenado la cancelación de la habilitación de 60 empresas que operaban en la modalidad de carga de manera ilegal. Esto dentro de sus funciones de velar por la seguridad y la legalidad en el sector.

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Según lo informado, la SuperTransporte se encuentra estudiando varias denuncias sobre ilegalidad en la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, y siguiendo los lineamientos del Gobierno Nacional en materia de legalidad, se están llevando a cabo visitas de verificación para establecer cuáles empresas han cesado injustificadamente sus actividades, se encuentran en causal de disolución, o aparentan funcionar como una empresa de transporte pero en realidad se dedican a legalizar operaciones irregulares vendiendo los manifiestos de carga, para respaldar contratos que no son de la empresa.

La Superintendente, Carmen Ligia Valderrama Rojas, expresó que “Así como la Superintendencia destina recursos para apoyar a las empresas que operan en la legalidad y realizar actividades de prevención, también dedica una gran cantidad de recursos para acabar con las llamadas ‘empresas de papel’, que no cumplen su función en el mercado y por el contrario lo deterioran, afectando a quienes sí se esfuerzan por cumplir la normatividad vigente”.

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El ente de control y vigilancia manifestó que contra las decisiones se pueden interponer recursos de reposición y apelación correspondientes. Se garantizarán los derechos del debido proceso y el derecho de defensa, y se precisa que el procedimiento sancionatorio iniciado se realizará de conformidad con lo establecido en la ley.

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