Superservicios alerta sobre Hidroituango y cumplimiento de sus obligaciones

La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios entregó los resultados del proceso de evaluación integral realizado a las Empresas Públicas de Medellín (EPM). Al respecto, expuso que encontró falencias en el cumplimiento del Convenio Marco de Relaciones entre la compañía y Medellín, contravenciones regulatorias en la prestación de los servicios a su cargo y fallas en los reportes de información realizados al ente de control y vigilancia.

Según explicó la Superservicios, entre marzo y agosto de 2021 evaluó la gestión realizada por la empresa en el 2020 y lo corrido de 2021. Así, examinó 21 tópicos de carácter institucional, financiero, administrativo, comercial, técnico y de operación de los servicios de acueducto, alcantarillado, energía y gas combustible.

Una parte importante del informe fue Hidroituango, teniendo en cuenta lo que representa para el país. Frente al proyecto, la superintendente Natasha Avendaño hizo una alerta, manifestando que el cronograma de entrada en operación de las dos primeras unidades de generación de esta hidroeléctrica, proyectada por EPM para julio y octubre de 2022, tiene un margen muy estrecho para el manejo de posibles imprevistos o crisis que se puedan presentar.

“De ocurrir alguna eventualidad, se pondría en riesgo el cumplimiento de obligaciones de energía firme a cargo de EPM y su sostenibilidad financiera”, advirtió Avendaño.

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Sobre los resultados de la evaluación, la superintendente Avendaño agregó que, en el marco de sus funciones de inspección y vigilancia, se realizó una evaluación integral a EPM sobre el estado de la empresa y las condiciones de prestación de los servicios públicos.

“Realizamos visitas técnicas, mesas virtuales de trabajo con la empresa y análisis de la información suministrada. Evidenciamos que el prestador contraviene algunos lineamientos de su Gobierno Corporativo en su relación con el municipio de Medellín. Igualmente, encontramos incumplimientos a la regulación en aspectos relacionados con instalación y cobro de medidores en el servicio de acueducto, indicadores de calidad en los servicios de energía y de acueducto, y fallas en los reportes del servicio de gas a nuestro Sistema Único de Información, entre otros. Todos estos hallazgos deben ser corregidos por la empresa y serán objeto de seguimiento por parte de la superintendencia”, explicó.

En primer lugar, en el informe se expusieron los hallazgos sobre Gobierno Corporativo. Allí, el ente de control y vigilancia evidenció que, frente a lo que la empresa tiene autorizado estatutariamente, distribuyó desde el 2016 el 55 % de los excedentes financieros anuales. Este hecho lo calificó como relevante, si se tiene en cuenta que la empresa, por regla general, debe distribuir máximo el 30 % de esos excedentes.

Estas distribuciones adicionales se dieron de acuerdo con los estatutos y el Convenio Marco de Relaciones, siendo autorizados por el Concejo de Medellín.

Frente a esto, se expuso que “el incumplimiento del Convenio Marco de Relaciones entre EPM y el municipio de Medellín afecta la calificación crediticia y el acceso a ciertos productos financieros como seguros y nuevos créditos, tal como lo reflejan los comentarios de las firmas calificadoras de riesgo. De otra parte, se identificó que, en ocasiones, la vinculación del personal no se ciñó a los procedimientos internos de la empresa”.

Llamó la atención que el ente de control y vigilancia manifestó que “el debilitamiento del gobierno corporativo de EPM ha afectado la imagen de la empresa y la confianza del mercado en ella”. Este hallazgo se dio teniendo en cuenta que aún se evidencia que existen otras calificadoras que no han modificado su postura sobre la compañía, añadiendo que es claro que hay un riesgo en la percepción que el mercado tiene como consecuencia del incumplimiento de este instrumento. En este sentido igualmente se expuso que “la disminución de la calificación de riesgo implica un encarecimiento de la deuda para EPM, lo que puede generar dificultades al momento de atender los diferentes compromisos contraídos”.

Por el lado de acueducto y alcantarillado, la Superservicios encontró que, presuntamente y en algunos casos, EPM contravino normas sobre el retiro, revisión, reposición y cobro de medidores establecidas en la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico.

También se observó que algunos medidores fueron cobrados por adelantado en la factura del usuario, en otros casos fueron cobrados y no suministrados; y al parecer no efectúo la debida revisión en laboratorio del estado de los medidores retirados, para determinar si efectivamente debían ser reemplazados, agregó “al examinar algunos trámites, no se encontraron soportes sobre la gestión realizada ante los usuarios para el retiro de medidores y calibración de los instalados, entre otros aspectos técnicos. Adicionalmente, se estaría limitando a los suscriptores el derecho a escoger libremente al proveedor del medidor”.

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En cuanto a la calidad del agua suministrada, de acuerdo con las muestras de vigilancia, el ente de control encontró que EPM suministró agua no apta para consumo humano en los municipios de Envigado, con incumplimiento de cloro residual en diciembre de 2019; en Girardota con la presencia de coliformes totales en julio de 2019; y Sabaneta y Barbosa con el incremento de color y turbiedad en agosto de 2019 y febrero de 2020, respectivamente.

La Superservicios también evidenció incumplimiento de EPM en la estructuración del Plan de Emergencia y Contingencia, PEC; y en el reporte de información al Sistema Único de Información, administrado por la superintendencia.

En cuanto a energía y gas combustible frente a las condiciones de calidad en la prestación de estos servicios también se hicieron hallazgos.

Iniciando por el de energía, se evidenció que en 2019, EPM registró una duración promedio de interrupciones superior a la establecida en el indicador SAIDI para su mercado de operación. También se encontró que algunos activos sobrepasan las horas máximas de indisponibilidad permitidas, tanto para el sistema de transmisión nacional como regional. En algunas subestaciones no se cumplen los valores de tensión esperados.

Con el servicio de gas combustible, se identificaron fallas en el reporte de información técnica al SUI. Allí la Superintendencia de Servicios dijo que  “el prestador no aportó licencias de intervención y ocupación de espacio público, gestionadas ante las autoridades municipales para la instalación y ocupación de las redes de distribución de gas combustible. En aspectos comerciales, se encontró incumplimiento de requisitos mínimos de las facturas entregadas a algunos suscriptores, y de la obligatoria publicación del contrato de condiciones uniformes en su página web”.

Un dato no menor encontrado es que, la empresa tiene deficiencias en la estructuración de sus planes de gestión del riesgo de desastres para ambos servicios.

Por otro lado, se aseguró que en 2020, la compañía obtuvo resultados positivos en su gestión operacional, sin embargo presentó disminución en sus márgenes de rentabilidad en comparación con 2019 debido, principalmente, al incremento del costo de venta del servicio de energía eléctrica.

Finalmente, el ente de control y vigilancia aseguró que los hallazgos y recomendaciones fueron informados a EPM para sus comentarios, de esta manera luego de revisar  y evaluar las observaciones, procedió a formalizar la publicación del informe final.