¿Se politizó la Fiscalía en el caso contra Sergio Fajardo?

Este 31 de marzo, la Fiscalía General de la Nación reveló que recopiló elementos materiales de prueba que revelan supuestas irregularidades en un contrato de empréstito o préstamo, suscrito el 5 de diciembre de 2013, entre el departamento de Antioquia y el Banco Corpbanca S.A.

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Debido a que el contrato investigado fue celebrado durante el periodo en el que Sergio Fajardo se desempeñó como gobernador de Antioquia, se entiende que este fue ordenador del gasto, firmó el contrato y el pagaré que garantizaba el empréstito. Por este motivo, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia imputará al exgobernador los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros agravado y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

El ente acusador, en cabeza de Francisco Barbosa, ha adoptado decisiones judiciales que en algunos sectores se consideran políticas, sobre todo al tratarse de decisiones que, como en el caso de Fajardo, se adoptan en época preelectoral. Sin embargo, desde otras orillas se considera que son acciones ajustadas al ordenamiento jurídico.

Para analizar esta imputación, Sigue La W conversó con los abogados Mauricio Pava, Iván Cancino y Ramiro Bejarano.

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"¿Por qué seguimos subiendo hasta la cabeza de un ente territorial para imputar delitos que no tiene por qué saber? ¿Cómo es posible que investigaciones del 2008 hasta ahora tengan resultados?", cuestionó Cancino.

Por su parte, Bernate hizo un llamado al fiscal Barbosa para que no interfiera en los procesos democráticos: "Esta medida es la criminalización del día a día de la administración pública, va a llevar a que quienes trabajan en el sector vivan con un pie en la cárcel. Es una decisión errada".

"Es mala política que la Fiscalía camine y se vista de juez (...) a la Fiscalía no le controla nadie las imputaciones. Las personas valiosas ya no querrán estar en lo público. No se puede estar sometido a profetas del pasado que miran hacia atrás", advirtió Pava.