Se determinará el responsable de fallas en procesamiento de pruebas COVID-19: contralora

Lina Aldana, contralora delegada del sector salud, dijo en diálogo con La W que en una actuación conjunta con la Procuraduría, realizaron un requerimiento a 107 laboratorios en el país, donde les preguntaron cuántas pruebas no habían sido procesadas.

"Este es un proceso completo que empieza desde la toma de la prueba, que la hace la IPS a través de la EPS que la contrató, hasta llegar al laboratorio, donde se determina su estado y si es posible procesarla o no", explicó.

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Resaltó que 18.546 pruebas no podían ser procesadas: "Hablamos de un presunto detrimento del recurso público porque estas pruebas, según el Ministerio, deben tener un valor máximo de $216.000".

En esa línea, mencionó que las pruebas llegaban sin identificación del paciente y después de 72 horas no cumplían con la cadena de frío o de temperatura, lo que no permite su procesamiento.

El ente de control ya instaló auditorías en las EPS del país para revisar qué está pasando con las pruebas.

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En cuanto a la responsabilidad de las fallas en el procesamiento, la Contralora indicó que los $216.000 comprenden todo el proceso, desde la toma de la muestra hasta el resultado: "Vamos a determinar en dónde ese proceso se quiebra y de quién es la responsabilidad". 

Y reiteró que hicieron un llamado a la Supersalud y al Minsalud para determinar que se dé el cumplimiento del procesamiento.

En cuanto al tipo de pruebas, la Contralora especificó que el Ministerio autorizó la toma de tres tipos de pruebas: PCR, antígeno y pruebas rápidas de sangre. "Lo importante aquí es establecer que solo las pruebas de antígeno y las PCR son las que pueden diagnosticar exactamente el virus del COVID-19".