¿Quiénes eran las víctimas de los falsos positivos en el Batallón La Popa?

La Jurisdicción Especial para la Paz sorprendió en las últimas horas al revelar que los falsos positivos no dejaron 2.248 víctimas, como se advierte en el informe que le entregó la Fiscalía en el 2018, sino 6.402 víctimas. Esta cifra se desprende de las versiones entregadas por los propios militares que se acogieron a este sistema de Justicia Transicional para contar toda la verdad.

Sigue la W conoció generalidades de las versiones individuales rendidas ante la JEP por 32 comparecientes. Allí se pudo identificar por lo menos 146 víctimas de ejecuciones extrajudiciales, cuyos responsables son oficiales, suboficiales y soldados profesionales del Batallón La Popa.

 Los militares revelaron cómo operó el Batallón La Popa, con sede en Valledupar, entre los años 2002 y 2008. Son por lo menos 10 los perfiles de las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales, según el documento.

De acuerdo con las versiones de los militares, las víctimas eran indígenas, personas indocumentadas, menores de edad, con precariedad económica, como habitantes de calle, vendedores ambulantes o recicladores, personas en condición de discapacidad, miembros de la comunidad LGBTI, personas con antecedentes, señalados de pertenecer a un grupo guerrillero o miliciano, presuntos integrantes de las AUC y desmovilizados de algún grupo armado al margen de la Ley.

Cuando no se tenía certeza del supuesto grupo guerrillero al que pertenecía una persona, le asignaban arbitrariamente indumentaria de algún grupo insurgente. “Es el caso de la versión de VERSIONANTE 32 quien señaló que un superior lo felicitó y le preguntó qué brazalete tenía la persona asesinada y él le respondió que ninguno, a lo que el superior le indicó que le pusiera uno de las Farc”.

 En la categoría de “persona que es miembro de una comunidad indígena”, advierte el documento que varias de las víctimas a las que hicieron referencia los comparecientes, son indígenas de las etnias de la Sierra Nevada de Santa Marta, a quienes señalaron se ser integrantes o auxiliadores de grupos guerrilleros.

En cuanto a la categoría de “precariedad económica”, las víctimas generalmente no tenían arraigo familiar y en algunos casos no existían denuncias de su desaparición, como ocurrió con las personas habitantes de calle de Valledupar, quienes se dedicaban a oficios como el reciclaje; también personas “que no tuvieran muy buena imagen, ladrones o con antecedentes”, según lo manifestado por los militares.

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El documento dice textualmente: “Resulta escabrosa la versión que señala que había que cortarles el cabello y arreglarlos antes de asesinarlos. También es el caso de la VÍCTIMA 12 quien al parecer era un vendedor ambulante. Inclusive el VERSIONANTE 18 señaló que varios no estuvieron de acuerdo con esa modalidad, sin embargo, fue aplicada”.

 En lo que tiene que ver con bajas de presuntos integrantes de grupos paramilitares señala el informe que había una complicidad entre miembros del ejército y grupos de autodefensa. Estos últimos entregaban las víctimas a los militares... En uno de los casos se habría coordinado una operación “con ‘alias 38’, quien le dijo que iban a hacer un ‘positivo’ con un integrante de esa organización ilegal, dado que la persona tenía un mal comportamiento porque al parecer lo habían encontrado fumando marihuana”

En el perfil de personas de la comunidad LGBTI, el documento dice que el VERSIONANTE 17 menciona que el 7 de diciembre de 2007 ejecutaron a un joven que posiblemente era gay... De acuerdo con su relato, “él dice que llegó a Barranquilla y se le acercó un muchacho que él cree ‘era como gay’, le habló, y se fueron para Valledupar. Esa noche lo mataron”.

 Este modus operandi del Batallón La Popa tenía tres fases: la fase de planeación, la fase de ejecución y la fase de encubrimiento... En la fase de planeación se pudo establecer que coordinaban con grupos paramilitares, que participaron altos oficiales, que la detención de las víctimas se hizo en lugares diferentes a la ejecución, que hubo una consecución de armas y material de intendencia, y que además se utilizaron informantes para las operaciones, así como la división de funciones, mediante acuerdo previo, para alterar la escena del crimen y dar las versiones amañadas.

Uno de los comparecientes del Ejército le confesó a la JEP que los paramilitares aportaban las víctimas a cambio de armas o municiones ... “Así, por ejemplo, al referirse a la ejecución extrajudicial de la VÍCTIMA 24, el compareciente señaló que la víctima fue entregada a cambio de una granada, mientras que en la ejecución de la VÍCTIMA 19 fue a cambio de 500 cartuchos”. 

Para conseguir las armas, a las que se refirieron varios comparecientes con el nombre de ‘kit de legalización’, los confesos militares señalaron que en ocasiones eran aportadas por paramilitares; otras compradas con aportes de los integrantes de la unidad militar, entre ellos oficiales de la plana mayor del BAPOP, y también armas incautadas en operaciones militares.

“En otras ocasiones el aporte a la consecución de las armas provino desde la propia comandancia del BAPOP tal y como denunció el Soldado profesional VERSIONANTE 16 al referirse a la coordinación entre el TE. Néstor Rodríguez Arévalo y el CR. Rodríguez Arévalo para la entrega de armamento en los hechos de la ejecución extrajudicial de dos PNI, en la vereda La Vega, e indicó haber presenciado una conversación en la que se referían a las víctimas como marranos y a las armas como comida, al decirle, el teniente al coronel, que no tiene comida para los dos marranos. Posteriormente, el soldado manifestó que el traslado del armamento se efectuó en el helicóptero donde el General Justo Eliseo Peñay el CR. Rodríguez Arévalo se trasladaron a verificar el resultado operacional”, dice el documento.

 En el Batallón la Popa había una práctica común para presentar a las víctimas como bajas en combate. La primera, recibir personas previamente asesinadas por paramilitares, las cuales eran abandonadas en algún lugar; la segunda, asesinar a personas en estado de indefensión, luego de ser retenidas, y la tercera, el asesinato de personas que eran identificadas y señaladas por informantes como presuntos auxiliadores o integrantes de la guerrilla.

Sin embargo, para la etapa de encubrimiento, llama la atención la elaboración alterada de documentos para legalizar las bajas, con el visto bueno de altos oficiales... “Sobre la alteración de este y otros documentos operacionales el Mayor VERSIONANTE 25 indicó que el procedimiento para las órdenes de operaciones era hacerlos posteriormente a los hechos, uno o dos días y eso permitía que se hicieran de acuerdo con las instrucciones del comandante describiendo o alterando las circunstancias”, señala el informe.

 Para el encubrimiento también se estableció que se concertaba lo que se iba a decir, con el fin de obstaculizar las investigaciones penales y disciplinarias... Respecto a la preparación de las versiones se le asignaba a las personas más astutas las declaraciones ante el juzgado de instrucción penal militar del batallón “Es importante destacar que comparecientes como el teniente VERSIONANTE 4 señalaron que funcionarios de la jurisdicción penal militar se prestaban para estas declaraciones en las que se entregaba falso testimonio y que la justicia militar les recomendaba que decir y que no”

Algunos militares del Batallón La Popa que declararon ante la JEP coinciden en señalar que altos mandos impartían las órdenes para dar resultados operaciones sin contemplación alguna, es decir una política institucional...

“¿Cuál es la política? Dar resultados. ¡Dar bajas, litros de sangre”. Así fue definida la política institucional por un oficial del Ejército que hizo parte del Batallón La Popa. Agregó que recordaba que en muchos programas escuchó la expresión ¡litros de sangre comandantes! Ese comandante que no me dé resultados operacionales, decía el General Montoya, no asciende, lo doy de baja”.

 En dicho informe también se advierte que “el fenómeno de la instigación, por medio de la presión por resultados, se vivió tanto en el periodo de comandancia del coronel VERSIONANTE 13 como en el de Juan Carlos Figueroa. Sobre este último los uniformados subalternos señalaron que en todos los programas que se hacía el teniente coronel Figueroa Suárez y el Mayor Gutiérrez Salem exigían bajas e insistían en que no aceptaban ningún resultado de hallazgo de caletas o capturas”.

En relación con los incentivos, los militares recibían a cambio de las bajas, días descanso, pagos de 500 mil o un millón de pesos, viajes a San Andrés y cuando ya transgredieron todo límite de la moral, recibían por estas ejecuciones extrajudiciales invitaciones a comer hamburguesas o arroz chino.