¿Qué sucede con la emergencia carcelaria decretada por el Gobierno?
Internos de varias cárceles del país aseguraron no tener las suficientes garantías de seguridad y sanitarias para afrontar la crisis por el coronavirus.
Internos de varias cárceles del país aseguraron no tener las suficientes garantías de seguridady sanitarias para afrontar la crisis por el coronavirus. Foto: Colprensa
Este domingo, el director general del Inpec, Norberto Mujica, y la Ministra de Justicia, Margarita Cabello, decretaron la emergencia carcelaria por temas de salud y orden público.
Expertos abogados, analizan sus efectos, a propósito de los disturbios que se ocasionaron en varias cárceles del país y los 23 muertos y 83 heridos que dejaron estos desmanes en ‘La Modelo’ de Bogotá.
La emergencia carcelaria se pude dar por temas de hacinamiento o salud para mitigar graves conflictos que se pueden presentar al interior de los establecimientos penitenciarios. El especialista en derecho penal, Iván Cancino, dice que es claro que el sistema de salud carcelario y las condiciones de salubridad y dignidad en la mayoría de reclusiones del país, tanto de hombres como mujeres, colapsó desde hace mucho tiempo.
Tanto así, que la Corte Constitucional ya se había pronunciado declarando el estado de inconstitucionalidad frente a las cárceles, “ya que no hay ni una sola que cumpla con los estándares que se requieren para una adecuada atención médica de los internos”, agregó Cancino.
Lea en La W: Decretan emergencia carcelaria por temas de salud y orden público
La primera vez que se decretó la emergencia carcelaria en el país fue en el año 2013 por razones de hacinamiento, y la segunda en 2016 cuando Caprecom, encargado de la atención médica de los internos, se enfrentó a una crisis de prestación de salud en los penales.
Para el abogado, Francisco Bernate, la situación en las penitenciarías colombianas es un abierto desconocimiento a los derechos humanos, como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Organización de Naciones Unidas y la Corte Constitucional, pues han señalado que la población carcelaria ha excedido lo que los establecimientos podrían albergar y hay muchos detenidos sin estar condenados.