Procuraduría formulará pliego de cargos contra 12 exdirectivos de Bioenergy
La acción procederá por posible detrimento patrimonial que ascendería a más de 41.000 millones de pesos.
La Procuraduría formulará cargos contra 12 exmiembros de junta directiva, exgerentes y exrepresentantes legales de Bioenergy (2012-2017), filial de Ecopetrol. Foto: http://es.presidencia.gov.co/(Thot)
La W conoció en primicia que la Procuraduría General de la Nación formulará cargos contra 12 exmiembros de junta directiva, exgerentes y exrepresentantes legales de Bioenergy (2012-2017), filial de Ecopetrol, por presuntos hechos irregulares durante la construcción de la planta de etanol El Alcaraván, en Puerto López (Meta), que presuntamente generaron un detrimento patrimonial cercano a $41.125’117.008.
La medida cobija a los entonces miembros de la junta directiva Juan Carlos Roa Márquez, Gloria Inés Cortés Arango, Adriana García Molano, Juan Felipe Múnera Yepes, Claudia Castellanos, Alexander Cadena Montezuma, Henry Echeverry Campuzano, Hans Moreno Muñoz y María Elena Velásquez Restrepo; y a los ex gerentes generales y ex representantes legales Aleck Santamaría De La Cruz, Rafael Pitalagua Guerra y Rosa Catalina Santos Prada.
Sobre este caso:
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Esta decisión se debe a una presunta omisión de solicitar la terminación o suspensión del contrato de suministro suscrito con Riopaila Castilla, a pesar de conocer el retraso en la ejecución de la planta de producción. Con ello, ocasionó el pago de las indemnizaciones por la reprogramación en la producción de caña de azúcar.
Además, el ente de control descubrió un posible detrimento patrimonial por valor de $2.235’600.000, en el caso de Aleck Santamaría De La Cruz, y de $611’000.000, por parte de Rafael Pitalagua Guerra, por presuntamente pagar cánones de arrendamiento de predios para la siembra de caña de azúcar que no estaban siendo cultivados por Bioenergy, ni habían sido arrendados a Riopaila Castilla.
El Ministerio Público también pedirá una explicación sobre posibles inconsistencias, por presuntamente haber autorizado un aumento salarial a los cargos de obrero de servicios generales y oficial civil, acordado por Santamaría De La Cruz, a pesar de existir un ofrecimiento económico para el otorgamiento del contrato de obra civil por parte del Consorcio Menegua, lo que se habría podido constituir en un detrimento para Bioenergy, por cerca de cuatro millardos (miles de millones).
Las presuntas faltas de los investigados fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima, por desatención elemental de reglas de obligatorio cumplimiento.
