La Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación contra la ministra de las TIC, Karen Abudinen, para determinar cuál es su responsabilidad en medio del escándalo que sacude a ministerio por el pago de $70.000 millones a UT Centros Poblados. De encontrar irregularidades, la entidad podría imponer sanciones disciplinarias a la ministra que actualmente enfrenta una moción de censura en la Cámara de Representantes. En su intervención en el Congreso, Abudinen mencionó que su única responsabilidad en este caso era denunciar ante las autoridades competentes las irregularidades en el contrato con Centros Poblados. “No fui yo la que se robó la plata. Me dicen que mi responsabilidad política es la de renunciar, mi deber era denunciar el hecho de corrupción ante la Fiscalía, la Procuraduría y la Contraloría”.