Procurador pide vincular al personal de salud en condiciones dignas y de estabilidad
Enfatizó en la prohibición legal que existe de contratar servicios tercerizados para el cumplimiento de actividades misionales bajo pretexto de conjurar situaciones excepcionales.
El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, instó a dar cumplimiento a la normativa constitucional, legal y reglamentaria que garantiza el derecho al trabajo del personal de la salud en condiciones dignas y decentes. El llamado va dirigido a los Ministerios de Salud y Protección Social, y de Hacienda y Crédito Público, así como a las autoridades nacionales, departamentales, distritales y municipales, y a los directores, gerentes y funcionarios responsables de las empresas sociales del Estado.
A través de la Circular 007 de 2020, el jefe del Ministerio Público conminó a los funcionarios públicos responsables de la administración del sector salud a cumplir con la obligación legal de mantener la organización de la prestación de los servicios financieramente viables y administrativamente eficientes. Esto, sin desconocer los derechos de los trabajadores del sector a una vinculación en condiciones de estabilidad laboral.
Carrillo Flórez enfatizó en la prohibición legal que existe de contratar servicios tercerizados para el cumplimiento de actividades misionales so pretexto de conjurar situaciones excepcionales. Advirtió así que el personal de las IPS (Instituciones Públicas Prestadoras de Salud) no puede estar vinculado bajo una modalidad que afecte sus derechos constitucionales, legales y prestacionales.
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La Procuraduría, en acciones preventivas de vigilancia y seguimiento, evidenció que en los últimos años se ha acentuado la precarización del vínculo laboral entre los trabajadores de los servicios de salud pública y las empresas o entidades que prestan dichos servicios por cuenta del Estado.
Advirtió que “los contratos de prestación de servicios y otras modalidades de contratación de personal se han incrementado en las IPS hasta el punto de que se crean verdaderas nóminas paralelas, así una gran cantidad de personas trabajan durante largos periodos para las entidades públicas, en detrimento a su derecho fundamental a un trabajo decente y a la seguridad social que él implica”.