Piden al presidente encabezar reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad
Varias plataformas de derechos humanos señalaron que el asesinato de líderes sociales y de excombatientes de las Farc requieren una solución urgente.
Por medio de una carta ocho representantes de organizaciones sociales le solicitaron al presidente Iván Duque que lidere la próxima reunión mensual de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, para abordar la crítica situación de orden público que afrontan varios departamentos como el Cauca, y el asesinato de excombatientes de las Farc (7 en los últimos 7 días). De acuerdo con los peticionarios, es urgente que el jefe de estado esté presente así como varios de sus ministros, como lo ordena el decreto que dio vida a esa Comisión.
En sus estadísticas manifiestan que en 38 meses de gobierno, solamente se han reunido seis veces y el gobierno envía funcionarios de "cuarta o quinta categoría".
"Lastimosamente esa Comisión no ha venido funcionando de la forma en que ha sido establecida legalmente, lo que ha hecho el gobierno es crear unas supuestas sesiones técnicas en donde van funcionarios de cuarta o quinta categoría, no solamente desconocedores de temas sino sin los avales de las carteras que representan", indicó Franklin Castañeda, delegado de las plataformas de derechos humanos en la Comisión.
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Expresaron que hay asuntos como la declaración de la canciller Claudia Blum ante la ONU, (quien dijo que las disidencias de las Farc eran un incumplimiento del partido Comunes) los cuales deben ser abordados por la Comisión con suma prontitud.
"Dicha declaración debe ser objeto de análisis por parte de la CNGS, para lo cual es indispensable una explicación previa y detallada por parte del Gobierno acerca del fundamento que tenga para hacer dicha afirmación, y la manera como ello incide en la política pública y criminal de desmantelamiento de organizaciones criminales ", se lee en la misiva.
Asimismo consideran de gran importancia resolver las denuncias contra miembros de la fuerza pública por supuestos abusos y detenciones arbitrarias a líderes de comunidades campesinas.
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