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Piden aclarar resolución de la Defensoría que pondría en riesgo a población civil

Según la denuncia, el documento pide garantizar la asistencia militar.

Resolución de la Defensoría que pondría en riesgo a población civil. Foto: Colprensa

Resolución de la Defensoría que pondría en riesgo a población civil. Foto: Colprensa(Thot)

A través de una carta, un grupo de Defensores para la Prevención de Riesgos de Violaciones de Derechos Humanos le pidieron al defensor del pueblo, Carlos Camargo, aclarar el contenido de la resolución defensorial número 976 del 6 de mayo de 2021 en donde se hacen varios llamados a los  alcaldes y gobernadores “para que en el marco de sus funciones, adelanten todas las acciones tendientes a: 

“Garantizar en desarrollo de la asistencia militar y en el marco de la convivencia, la aplicación irrestricta de normas y protocolos, en el marco de la función, la actividad y los procedimientos de policía”, párrafo textual de la Resolución.

Para los defensores, este punto en especial desconoce el ejercicio histórico de la violencia contra la población civil por parte del Estado, las constantes vulneraciones al principio de distinción que en el marco del DIH se han documentado por parte del SAT de mano de las comunidades y tiene la Defensoría del Pueblo la obligación de evitar que se aplique tratamiento militar a los procesos sociales de protesta y de reivindicación de derechos. Recuerde que el deber misional de la entidad son las comunidades y organizaciones sociales.

Es de aclarar que en el documento la Defensoría también pide que la fuerza pública y la Policía garantice los derechos humanos “prohibir en forma irrestricta la ejecución de actos de violencia letal contra manifestantes, así como traslados arbitrarios que puedan conllevar a malos tratos.”

En la carta enviada a Camargo los funcionarios citan el llamado de que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que la fuerza policial sea civil, eficiente y respetuosa de los derechos humanos y se manejen las situaciones de seguridad y violencia en el ámbito interno y no a las fuerzas armadas, entrenadas y equipadas para otro tipo de conflictos externos.

Además, la Comisión señala que “los Estados deben limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas para el control de disturbios internos, puesto que el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”. 

Por último, le piden a Camargo que le exija al Gobierno Nacional evitar la represión de la protesta ciudadana, rechazar los homicidios, la desaparición forzada y otros hechos condenados por la comunidad internacional.

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