Opiniones divididas entre las víctimas por cierre de examen de la CPI
Mientras algunas organizaciones señalan que es una decisión que desconoce el contexto social del país, otras la consideran un voto de confianza.
Fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan. Foto: JUAN BARRETO/AFP via Getty Images(Thot)
La decisión de la Corte Penal Internacional (CPI) de cerrar el examen preliminar sobre Colombia por crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado, generó la reacción de las víctimas.
Aquellas agrupadas en el Movimiento de Víctimas de Estado (Movice) como Eliécer Arias, familiar de tres personas asesinadas y presentadas como falsos positivos, señalaron que es una decisión equivocada, la cual desconoce a su juicio la “situación política y social” del país.
Lo anterior, porque a la fecha no han obtenido justicia ni efectos reparadores, así como de no repetición, debido a que en muchas zonas la reconfiguración del conflicto se está produciendo con otros grandes responsables.
“Cómo víctima la decisión tomada por el fiscal de la Corte Penal Internacional del día de hoy es un blindaje a la impunidad en Colombia, creemos que la decisión tomada es un gran golpe para las víctimas de estado y un error terrible”, indicó Arias.
Por otro lado, desde la Federación de Víctimas de las Farc (Fevcol) señalaron que es una decisión acertada y sobria que cierra un examen preliminar demasiado prolongado e incluso afirmaron que es una determinación que da un voto de confianza en la justicia colombiana y el estado social de derecho.
“Es una confianza en el estado social de derecho, nuestras instituciones y nuestra democracia y ante cualquier situación diferente que haya, ellos tienen la potestad de revisar de nuevo”, expresó Sebastián Velásquez, representante de la Federación.
Otras plataformas agrupadas en la campaña independencia de la justicia (con participación de al menos 30 organizaciones sociales, algunas representantes de víctimas), manifestaron preocupación por la determinación, al evidenciar que altos funcionarios y oficiales de la Fuerza Pública no están obligados a someterse ante el Tribunal de Paz, lo cual genera un interrogante sobre si responderán a futuro por sus decisiones.
