ONU criticó falta de esquemas de seguridad para excombatientes de las Farc

El próximo 21 de enero el jefe de la Misión de Verificación de la ONU para el Acuerdo de Paz, Carlos Ruiz Massieu en su informe trimestral ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, presentará los avances entre el 26 de septiembre y el 28 de diciembre relacionados con la implementación de los pactado en La Habana.

Aunque en el documento elogió ciertos avances, mostró principalmente su preocupación por el asesinato de los excombatientes de las Farc (248 según sus cálculos desde la firma del Acuerdo de Paz), enfatizando en la falta de esquemas de seguridad para ellos, debido a que por lo menos 25 murieron esperando que se les otorgaran medidas de protección y además que, aunque el gobierno entrega recursos para robustecer los esquemas, según la Misión de la ONU esto no se traduce en mejoras.

"El Gobierno señaló que en septiembre había asignado aproximadamente 13.500 millones de pesos para diseñar un plan para llenar más de 680 vacantes de escolta y más de 50 vacantes (en la Unidad Nacional de Protección), entidad a la que el Acuerdo Final encomendó la protección de los excombatientes y las excombatientes. Hasta el momento no se ha contratado a ningún escolta y solo a 27 analistas" señaló el informe.

Además, esa Oficina de las Naciones Unidas en el país llamó la atención del Gobierno porque asegura que varios de sus altos funcionarios no están asistiendo a las reuniones de la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo de Paz (CSIVI) lo cual afecta el diálogo sobre la implementación de lo pactado.

"Si bien la CSIVI se ha reunido con más frecuencia este año, no se está utilizando en todo su potencial y no todos los altos funcionarios clave del Gobierno asisten a las reuniones con regularidad, lo cual ha afectado la capacidad de la Comisión para mantener discusiones sustantivas" indicó el documento.

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Desde la Oficina de Verificación también expresaron su alerta por los índices de violencia que se vienen presentando en el país no solo contra excombatientes, sino también contra líderes sociales y civiles.

"La violencia continúa en varios departamentos producto de la limitada presencia del Estado, las economías ilícitas y la presencia de grupos armados ilegales, exacerbadas por los altos niveles de pobreza" denunció Ruiz Massieu.

Adicionalmente, desde la Misión de Verificación pidieron la cooperación integral de todas las instituciones del estado con los tres componentes de la Justicia Transicional para lograr un cambio a un futuro pacífico.