Nosotros no respaldamos la criminalidad: CIDH responde a críticas del gobierno
En diálogo con La W, la presidenta del órgano internacional señaló que están abiertos al diálogo con el estado para la aplicación de las recomendaciones.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por medio de su presidenta Antonia Urrejola respondió a las críticas del Gobierno sobre el informe que presentó ese órgano internacional luego de su visita al país.
La presidenta Urrejola manifestó que desde la Comisión no están avalando la "criminalidad" sino que, en cambio, la han condenado y han sido enfáticos en rechazar los hechos de violencia.
"El informe es clarísimo en condenar la violencia y el vandalismo. Nosotros en ningún momento respaldamos la violencia ni los bloqueos donde se ejerce violencia, al contrario los condenamos, hemos manifestado nuestra preocupación, jamás, nunca, hemos respaldado la criminalidad ni lo hemos hecho en este informe" señaló.
Eso sí, defendió la posición del tribunal relacionada con el llamado a que no se prohíban de forma generalizada los bloqueos de vías.
También aclaró que efectivamente las recomendaciones de la Comisión al estado no son obligatorias y que el gobierno "tiene todo el derecho de hacer sus observaciones", pero cuando los estados se someten a convenios internacionales deben actuar con "buena fe" y honrar sus compromisos.
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"Cuando se someten al escrutinio internacional lo hacen desde la perspectiva de la soberanía y la independencia y lo hacen con un principio fundamental que es el principio de buena fe. Es decir, si yo me someto a las funciones que tiene la Comisión, debo cumplir con esas recomendaciones", sentenció.
Además rescató la importancia del Mecanismo de Seguimiento a las recomendaciones para fortalecer el diálogo y aclarar interpretaciones, así como llegar a acuerdos sobre la implementación de las observaciones con el estado.
Adicionalmente explicó que, para investigar de manera individual alguno de los casos de violaciones a los derechos humanos denunciados, debe existir primero un agotamiento de recursos internos jurídicos del país.