No he sugerido que Policía Nacional deba servir de conductor elegido: Marta Lucía Ramírez
La alta funcionaria reconoció que no hay suficientes policías para encargarse del exceso de tragos de los ciudadanos.
La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez expidió un comunicado donde asegura que nunca ha afirmado, ni sugerido, que la Policía Nacional deba servir de conductor elegido de aquellas personas que hayan consumido licor en exceso en las discotecas.
En contexto:
- La Policía serviría como conductor elegido en bares, en los casos de exceso de alcohol
- Vicepresidenta no dio instrucciones para que la institución sea conductor elegido: Policía
La declaración que dio lugar a la polémica, y que fue hecha el pasado 2 de marzo, es la siguiente: “cuando en un establecimiento haya un consumo de alcohol, que sea excesivo, pues inmediatamente se va a pedir el acompañamiento de la Policía para que pueda llevar a esa persona hasta su casa y se le va a pedir a la persona que facilite el número de algún familiar, o de una persona responsable, para poder advertir el exceso de licor”.
A propósito, la vicepresidenta señaló que como exministra de Defensa tiene pleno conocimiento de las facultades y capacidades de la Fuerza Pública.
También aclaró que en casos como el de Ana María Castro, la joven que habría sido lanzada de un vehículo luego de salir de una discoteca, el mesero debería solicitarle a la persona que está tomada, o a sus acompañantes, el teléfono de algún familiar para informar su estado de alicoramiento, o proceder a enviarla en un servicio de transporte especializado a su hogar.
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En este punto, resaltó que “la Policía actuará según sus protocolos internos”.
En el comunicado agregó que el Código de Policía permite hacer traslados de protección cuando una persona deambule en estado de indefensión o esté bajo efectos del consumo de bebidas alcohólicas, o sustancias psicoactivas.
Y aseguró que no hay suficientes policías disponibles para encargarse del exceso de tragos de los ciudadanos.
Finalmente, hizo un llamado a acompañar los esfuerzos del Gobierno y del sector privado para salvar vidas de mujeres, hombres, jóvenes y adultos, “y no reducir el debate a una polémica mediática superficial”.