El pasado 7 de julio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con sede en Washington publicó el informe sobre la situación de Derechos Humanos de Colombia en el marco de las protestas que se desarrollan en el país desde el pasado 28 de abril. En la rueda de prensa donde se pronunció la comisionada y presidente de ese organismo, Antonia Urrejola, se confirmó que la respuesta del Estado a las protestas “se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza”. En diálogo con La W, la consejera presidencial para los Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que el informe de la CIDH sobre las protestas en Colombia no es de obligatorio cumplimiento. Además, dijo que “más que una orientación ideológica, la CIDH debería tener más equilibrio en el reconocimiento de las acciones que adelantan el Gobierno Nacional y el Estado”. En cuanto a los bloqueos, la alta funcionaria respondió que se debe hacer un análisis de legalidad para tomar decisiones, bajo los principios de proporcionalidad y razonabilidad. Sin embargo, reconoció que “hay una zona gris”, por lo que se presentará un proyecto de ley estatutaria para definir los límites de la manifestación pública y pacífica. “Esperamos que ese trámite se dé y pueda haber unas reglas de juego claras”, señaló. Sobre los reparos al decreto de asistencia militar, señaló que es una figura que se está utilizando excepcionalmente y que no es obligatorio. Finamente, dijo que “espera que no haya imputaciones contra el Estado colombiano”. Por su parte, Camilo Gómez, director de la Agencia Jurídica del Estado, aseguró en W Radio que no pueden demandar a Colombia por no acatar el informe de la CIDH. Además, indicó que el país no se retirará del sistema interamericano de Derechos Humanos.