Más irregularidades en la licitación del Mintic para llevar internet a las regiones

El Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Mintic- reanudó hoy la audiencia de adjudicación de 10 mil centros digitales para conectar las zonas rurales del país por 2.1 billones de pesos, que había sido suspendida tras conocerse la denuncia de un posible conflicto de intereses que involucra al señor Camilo Valencia Suescún, asesor del despacho de la ministra y al mismo tiempo apoderado de uno de los proponentes.

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Aunque la ministra Karen Abudinen rechazó la recusación en su contra y en contra del Ministerio al considerar que la licitación se lleva a cabo de manera transparente y sin irregularidades, el pasado lunes 7 de diciembre suspendió el proceso y pidió una nueva verificación del mismo para confirmar que todo esté en orden.

Sin embargo, Sigue la W encontró que el problema con el asesor Valencia Suescún era solo la punta del iceberg de una licitación cargada de polémicas que, según algunas veedurías, puede poner en riesgo los recursos públicos y la conectividad en las regiones más apartadas del país.

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Son en total 10 las uniones temporales que están participando, 25 empresas las que las conforman y en el proceso son varias las observaciones que han salido a relucir sobre algunas de ellas. Por ejemplo, en la Unión Temporal Conexo TIC está la empresa Energía Integral Andina, que cuenta con una participación del 70 % en ese consorcio y aunque es la única que acredita experiencia, la Red Nacional de Veedurías Bien Común denunció que está siendo objeto de una investigación por parte la Fiscalía.

La razón es una denuncia por presuntas irregularidades en contratos con Fonade para el programa Vive Digital, además problemas en otros contratos con la Uspec y relaciones con algunos funcionarios y políticos condenados o acogidos a principios de oportunidad en escándalos de corrupción como el exsenador Bernardo “el Ñoño” Elías.

Pero esa no es la única empresa con problemas: en el consorcio Unión Temporal Centros Poblados de Colombia está la empresa Intec de la Costa SAS, que en mayo de 2018 se vio involucrada en el escándalo de corrupción por la adjudicación de un contrato para el mejoramiento de una vía en el departamento de Bolívar. Esta empresa hacía parte del consorcio Vías de San Jacinto del Cauca que cedió el contrato 10 días después de haberlo firmado.

Pero además Intec de la Costa SAS, cuya participación en el consorcio que hoy puja para ganarse la licitación del Mintic es del 35%, es una empresa de Barranquilla que se dedica, según información conocida por Sigue la W, a la construcción de carreteras y vías de ferrocarril, fabricación de muebles y construcción de servicios públicos. Nada que ver con el tema de telecomunicaciones y conectividad.

Las otras 3 empresas que conforman la UT Centros Poblados son Omega Buildings Constructora SAS, también de Barranquilla, cuya experiencia es la construcción de edificios residenciales y construcción de obras civiles; ICM Ingenieros con sede en Bogotá, también dedicada a la construcción de carreteras y al comercio al por mayor de materiales de construcción , ferretería, pinturas, productos de vidrio, etc. y una última, que es la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, la única que sí pudo demostrar su experiencia en 7 contratos para participar en el proyecto de los centros digitales.

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Otros dos proponentes, URED y Edemsatel, también tienen cuestionamientos por no contar con la experiencia que se requiere en un proyecto tan ambicioso como este. En el primer caso son cinco las empresas del consorcio y dos de ellas no demostraron experiencia, en el segundo caso el 75% de la UT no cuenta con bagaje.

A pesar de la gravedad de las observaciones antes mencionadas, el Mintic, en una primera evaluación, conocida por Sigue la W, descalificó a 8 de los 10 proponentes, utilizando otros argumentos que ellos mismos calificaron como leguleyadas. Por ejemplo, por la no conversión a moneda local de estados financieros o porque los contadores de las empresas no contaban con tarjeta profesional, o por equivocarse con puntos y comas en las cifras.

En el caso de la UT Red Iris, en donde está la empresa Hughes, que tiene amplia experiencia en lanzamiento de satélites a nivel mundial y presencia en 190 países, la razón para deshabitarla es que un documento de la cámara de comercio no dejaba claro la relación de la compañía con la marca.

Llama la atención que uno de los dos consorcios a los que se les permitió seguir desde el comienzo, sin observaciones ni peros, fue SES INRED, el mismo del abogado Camilo Valencia Suescún, quien también era asesor del despacho de la ministra Karen Abudinen.

Además, el documento con las observaciones a todos los proponentes, menos a SES INRED, está firmado por Adriana Meza, secretaria general del Mintic, quien a su vez fue suscribió el contrato con este polémico abogado para la asesoría a la ministra.

El Ministerio les permitió a las empresas interesadas subsanar estos errores y en una segunda evaluación, habilitó a la mayoría. Eso sí, dejó por fuera a la firma China Great Wall Industry Corporation porque, aunque tiene la experiencia y el musculo financiero para participar, no le aceptaron los documentos porque supuestamente no cuentan con la traducción oficial ni apostillamiento que se exige en estos procesos.

Sigue la W conoció un derecho de petición que envió esa empresa al Ministerio pidiendo que se habilite su oferta y que se declare sin valor ni efecto el informe final de evaluación. Pero eso no es todo, también enviaron una carta a la canciller, Claudia Blum, pidiéndole que interceda en esta disputa en el marco del acuerdo bilateral para la promoción y protección de las inversiones entre Colombia y China.

La carta firmada por el señor Junlin Zhu, representante legal de la compañía, señala que hay un trato injusto y poco favorable o equitativo por parte del Fontic al haber rechazado la propuesta de esta empresa de una forma irrazonable.