Más de 500.000 trabajadores del Estado con contratos por prestación de servicios

Aumentan las quejas por el reciente fallo del Consejo de Estado, que, aunque busca proteger a los trabajadores que tienen contratos por prestación de servicios, lo que hizo, para muchos de ellos, fue agudizar su problema ya que ahora podrían quedar más de un mes sin trabajo.

Y es que, según las cifras de Colombia Compra Eficiente, durante 2020 en el sector público se firmaron más de 588 mil contratos bajo esa modalidad y lo que se pide ahora es ponerle freno a los incumplimientos que se estarían dando por parte de las entidades estatales al exigir obligaciones adicionales a las pactadas.

Entre tanto, desde el departamento de la Función Pública aseguran que durante todo el 2020 y lo que lleva del 2021, se han fortalecido las plantas de personal tanto de entidades priorizadas, como de aquellas que sin estarlo han decidido acogerse, lo cual ha repercutido en la creación de 7.452 empleos.

Juan David Duque, director de la maestría de Contratación Pública y su Gestión de la Universidad del Rosario, afirmó en Sigue La W que el fallo del Consejo de Estado que le pone un ‘tatequieto’ a la contratación ilimitada por prestación de servicio “es el regaño que presenta” dicha entidad. “Ya lo hizo la OIT (Organización Internacional del Trabajo), la Contraloría, y ahora con una sentencia de unificación. El Gobierno de pronto está preocupado, no sabemos qué va a pasar, pero deben arreglar un problema de planta en las entidades y en sus contratos. Los contratos de prestación de servicios son necesarios, solo que en estos casos se desdibujan porque se abusa de la relación laboral”.

Además, David Duque explicó que “no es complicado sincerarse, solo que las entidades no saben cómo contratar. Hay que definir cuáles son las cargas y el personal” necesario para suplirlas. “Organícense, hagan una gran revisión de sus plantas y contraten como deben ser. Existe la contratación de servicio, pero debe hacerse mientras no esté disfrazada. Esto es un problema de Función Pública”.

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Angélica Lozano, senadora de la República por Alianza Verde, indicó que esto “es un problema de fondo y estructural. Ya no faltan más Cortes por pronunciarse. El riesgo es los años de litigio y el veto que incluso le implica a hombres y mujeres que se atreven a ejercer su derecho a demandar”. Añadió que “hay personas que han sido contratistas por prestación de servicios por hasta 20 años. Un contrato de servicios es para un servicio temporal. Hay casos que son justificables, pero la falla que viene pasando en el Estado es que se usa este tipo de contrato para disfrazar de temporal lo que es permanente. Los contratistas por prestación de servicios no tienen derechos”.

“Yo presenté una propuesta de estudio de cargas para todas las entidades del Estado, desde el municipio más pequeño hasta la Presidencia de la República, para que el Gobierno haga un plan. Se opuso la misma ministra. Hay gente dice que ‘o voy y trabajo o no como’”, argumentó.